El anuncio de que el equipo de Mariano Rajoy presentará una impugnación contra este decreto ha coincidido temporalmente con los trabajos de una comisión parlamentaria que evalúa el autogobierno real de Balears. Hasta la comisión han llegado dos informes, elaborados cada uno de ellos por la Abogacía de la Comunitat y por la Direcció General de Relacions amb el Parlament, que diseccionan la cantidad de veces que el Gobierno ha intentado limitar el autogobierno de Balears o ha considerado que el Parlament balear se extralimitaba en sus competencias.
Ha habido 77 ocasiones en las que el Gobierno ha considerado que Balears no tenía competencias para regular sobre ciertas materias. Las impugnaciones han acabado en acuerdo entre ambos gobiernos en 26 ocasiones y el resto se ha dirimido en el Tribunal Constitucional, que en ocasiones ha dado la razón al Govern y en otras, al Gobierno.
Ahora, el catalán
La próxima norma que puede acabar sin acuerdo en el Constitucional es el anunciado decreto que regula el uso del catalán en la sanidad. La ministra Dolors Montserrat ha adelantado la intención del Gobierno de impugnarlo y la consellera de Salut, Patricia Gómez, le contestó ayer que el Govern no piensa dar marcha atrás. Si estas dos posturas se mantienen, deberá ser finalmente el Constitucional quien se pronuncie.
La guerra judicial contra el decreto se sumará a la guerra política que se desarrolla desde hace meses en las Islas. «Ninguna ideología puede pasar por encima de la ley», aseguró ayer la delegada del Gobierno, Maria Salom, en referencia a las intenciones del Govern.
La controversia sobre este asunto ya ha traspasado las fronteras de Balears hasta el punto de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a salir en defensa de Francina Armengol al asegurar que, frente a los 1.400 profesionales sanitarios que quitó el PP, Armengol hará oposiciones para 5.000 plazas.
Sánchez opinó que el problema no está en el catalán o en las lenguas, sino en el uso que algunos hacen de ellas «como factor de división». «Las políticas de Armengol están cumpliendo con la ley y con el Estatut», añadió Sánchez, quien lamentó que en ciertas colegios de Catalunya, puedan existir problemas «eventuales» de adoctrinamiento.
EL DATO
77
NÚMERO DE LEYES DE BALEARS CUESTIONADAS POR MADRID
Desde que comenzó la autonomía, en el año 1983, un total de 77 leyes de Balears han sido cuestionadas por el Gobierno y 51 han acabado en el Constitucional.
Las claves
1- El complicado arranque de la comunidad autónoma
El periodo comprendido entre 1983 y 1999, con gobiernos del PP en Balears y del PSOE en Madrid, fue uno de los más conflictivos en materia competencial. La Comunitat echaba a andar y la aprobación de ciertas normas en el Parlament trajo consigo recursos ante el Constitucional: 19 en total.
2- Dos impuestos clave para las Islas, entre los recurridos
Dos de las leyes que han acabado en el Constitucional correspondían dos impuestos clave que puso en marcha el Gobierno. El impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, de Cañellas, acabó anulado; la primera ecotasa, de Antich, no llegó a dirimirse porque Matas la derogó.
3- Bauzá se llevó la palma: 29 normas suyas, cuestionadas
Si alguna legislatura se lleva la palma de leyes recurridas al Constitucional o con conflictos de constitucionalidad, ésta es la de José Ramón Bauzá como president: 10 leyes acabaron recurridas ante el Tribunal Constitucional y otras 19 necesitaron de comisiones bilaterales para llegar a un acuerdo entre ambos gobiernos.
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