En el auto, la fiscal ha considerado «acreditado» que los ayuntamientos actuaron de forma «diligente» para combatir los problemas de ruido provocados por los locales. Concretamente, en el caso de Sant Josep, la Fiscalía destaca que el Ayuntamiento ha remitido un informe con las sonometrías realizadas y los expedientes en trámite por infringir la Ordenanza de ruidos y vibraciones.
Además, aporta documentación sobre acciones administrativas iniciadas contra determinados establecimientos que aparecían en la denuncia. Finalmente, la Fiscalía destaca que el Consistorio ha informado sobre la aprobación de ordenanzas más restrictivas que contemplan endurecer las sanciones y facultan a la Policía a realizar cierres preventivos de locales que manipulen o no tengan limitadores de ruido, entre otras cosas.
SANT ANTONI
En cuanto a Sant Antoni, la Fiscalía remarca que el Ayuntamiento ha aportado un listado de quejas de vecinos por ruidos y actuaciones derivadas, sonometrías o un listado de expedientes incoados y propuestas de sanciones.
Ante la denuncia por «supuesta dejadez» a la hora de perseguir delitos, la Fiscalía concluye que «según toda la documentación remitida, se ha acreditado la actividad por parte de los Ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni respecto a los hechos denunciados, es decir, no ha habido en absoluto dejadez del deber invocado».
Asimismo, ha señalado que no se ha podido probar la comisión de ningún delito al «no quedar acreditados indicios de criminalidad relativos a los hechos denunciados».
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