En esta casa de 900 metros cuadrados, el propietario habilitó media docena de cubículos a modo de habitaciones (un total de 110 camas) donde malvivieron la pasada temporada alta un centenar de personas trabajadoras a razón de 400 euros por persona y cama, por lo que en un sólo verano el propietario de la casa más de 250.000 euros alquilando las camas.
La concejala de Urbanisme de Sant Antoni, Cristina Ribas, explicó que si en dos meses no presenta el proyecto de demolición y procede a restaurar la legalidad urbanística en la vivienda procederán a la imposición de hasta 12 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y una cuantía en cada ocasión del 10% del valor de las obras acometidas, que asciende a 1.051.213 euros. Si el propietario no derriba las obras ilegales, lo hará el Ayuntamiento. «Por fin se ha podido concluir el expediente. En 2001 y 2004 se abrieron expedientes que no se llegaron a acabar», expresó Ribas, quien recordó que el Consistorio sólo tiene potestad para intervenir urbanísticamente y no sobre los usos que se dan a la vivienda, por lo que también dieron traslado al Consell d'Eivissa y a Hacienda.
El propietario de este chalet patera, quien afirmó que en la actualidad residen entre 12 y 14 personas en la vivienda, aseguró que pondrá este tema en manos de su abogado y sobre la actuación del Consistorio portmanyí afirmó que se trata de «la barbaridad más grande que ha hecho el Ayuntamiento».
En este chalet u hostal patera se albergan sobre todo trabajadores de temporada, quienes relataron este verano en las páginas de Periódico de Ibiza y Formentera las condiciones de vida que tenían, como que eran vigilados por cámaras, no podían hablar alto a partir de las 22.00 horas, entre otros muchos detalles.
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