Pablo Valdés (Reinicia), Pep Tur (PSOE) y Cristina Ribas (El PI) durante el último pleno celebrado en Sant Antoni. | Marcelo Sastre

El tripartito de Sant Antoni se mantendrá unido después de que los socios del equipo de gobierno hayan pactado unas nuevas condiciones, según adelantó ayer Radio Ibiza. Por el momento la discreción en el tripartito es máxima en relación al acuerdo alcanzado y todavía se sigue negociando el reparto de las áreas de trabajo, que con la llegada de Joan Torres sufrirán cambios.

El nuevo edil del PI tomará posesión de su cargo el próximo 28 de septiembre y será entonces cuando se conozcan los pormenores del acuerdo y las nuevas atribuciones de cada edil.

La crisis de gobierno en el tripartito se inició el pasado 21 de agosto cuando el exteniente de alcalde del PI, Juanjo Ferrer, anunciaba su renuncia al cargo después de la polémica aplicación de la flamante ordenanza sobre la ocupación de la vía pública y la paralización de los acuerdos que había llegado con una serie de establecimientos para alargar el horario de apertura de sus terrazas.

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Fue entonces cuando el PI decidió dar un mes de plazo a PSOE y Reinicia para ‘reescribir' el pacto y continuar en el tripartito o pasar a la oposición junto al Partido Popular. Entre las peticiones del partido regionalista estaba la de recuperar los decretos firmados por Juanjo Ferrer, un asunto que se resolvió en el último pleno mediante un decreto de alcaldía que otorgaba mayor flexibilidad a la ocupación de la vía pública en varias zonas del núcleo urbano de Sant Antoni.

Estaba prevista que los representantes de los tres partidos que forman el equipo de gobierno de Sant Antoni se reunieran por tercera vez a finales de esta semana para acabar de concretar los últimos flecos de las negociaciones.

La crisis de gobierno ha coincidido con el escándalo de las multas de tráfico del teniente de alcalde de Reinicia, Pablo Valdés. A finales de marzo, Valdés fue multado por conducir sin el cinturón de seguridad y hablando por el teléfono móvil pero ninguna de las multas fue introducida en la base de datos del Ayuntamiento de Sant Antoni. El teniente de alcalde de Sant Antoni ha pagado los 400 euros de multa cinco meses después de los hechos y una vez ha salido a la luz pública.

El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur, ordenó la investigación de los hechos pero ya avanzó que ningún cargo político había tenido nada que ver con el ‘extravío' de las multas de Pablo Valdés.