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El Ayuntamiento de Eivissa no aumentará los salarios de la Policía Local, según afirmó durante el pleno de ayer de manera tajante la concejala de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Estefanía Torres, que explicó que las pretensiones de los agentes municipales son «de imposible cumplimiento» porque así lo prohíbe la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también conocida como la ‘ley Montoro'.

Una decena de agentes de la Policía Local asistió ayer como público al pleno de Vila en el que se rechazó, con los votos en contra de PSOE y Guanyem y la abstención del PP, la propuesta de Epic de convocar «con carácter extraordinario y urgente» y en el plazo de quince días la Mesa General de Negociación del personal funcionario del Ayuntamiento para tratar aspectos relacionados con la jornada laboral de la Policía Local o sus sueldos, entre otros.

Según señaló el concejal de Epic, Antonio Villalonga, los agentes de Vila cobran alrededor de 1.300 euros al mes «por jugarse el pellejo», lo que supone entre 200 y 300 euros menos que los de otros municipios. Además, la plantilla, compuesta por alrededor de cien agentes, está «envejecida», ya que muchos superan los 50 años de edad y «no pueden hacer determinados servicios», como apuntó Villalonga.

Por su parte, el concejal del PP Jacobo Varela destacó que la plantilla de la Policía Local de Vila es «la peor pagada de Balears, la que más horas hace, la más corta y la de mayor edad».

Varela animó al alcalde, Rafa Ruiz, a «ponerse el mono de faena y tomar cartas en el asunto» con tal de llegar a un acuerdo con los agentes en la Mesa Sectorial que el Ayuntamiento ha convocado para hoy.

La concejala de Seguridad Ciudadana de Vila respondió a las críticas por la intención de contratar a agentes de otros municipios asegurando que es un procedimiento que se lleva haciendo desde 2013 y que se realiza para grandes eventos con gran asistencia de gente de toda la isla como la Feria Medieval. La concejala confió en que las diferencias con los agentes se resuelvan y afirmó que la próxima elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitirá estructurar de mejor manera el trabajo de los funcionarios municipales.

Cambios circulatorios

Durante el pleno también se trató el cambio de sentido de las principales avenidas de Vila a raíz de la moción presentada por Epic en la que hacía hincapié en sus posibles efectos negativos en barrios como es Pratet o sa Capelleta.

El concejal de Movilidad, Juanjo Hinojo, explicó que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio contempla la creación de un ramal denominado ‘camino de Can Murtera' que unirá el puerto de Vila con la rotonda de Sant Antoni. Según Hinojo, este ramal y la instalación de un semáforo en la calle Carles III mejorará la fluidez del tráfico en es Pratet.

Las posibles molestias del servicio de limpieza de las calles ocupó también parte del debate plenario. La concejala de Medi Ambient, Montse García, aseguró que el horario de trabajo se mantiene igual con la nueva contrata y que las posibles molestias se producen por la mecanización de los servicios y porque «pasan por zonas por donde antes no se pasaba».

Desde las filas populares, la concejala María Fajarnés mencionó la posibilidad de que la Delegación de Gobierno en las Balears presente un contencioso contra el Ayuntamiento de Vila por no acatar el requerimiento sobre la anulación de la Oferta de Empleo Público del año pasado. Fajarnés acusó a la concejala Torres de llevar a cabo una «nefasta» política en temas de personal y acusó al equipo de gobierno de pretender «hacer trampas» sobre esta cuestión.

El equipo de gobierno también tuvo que responder a la liquidación de la sociedad pública IMVISA. Alfonso Molina afirmó que la disolución de esta sociedad encargada de hacer vivienda pública se realizará a lo largo de este año cuando se acabe de realizar la auditoría de sus cuentas y la tasación de los solares de su propiedad.

Uno de estos solares es el que ocupan las viviendas de Santa Margarita en la avenida Isidor Macabich y que, según señaló Molina, serán demolidas una vez se han resuelto unos problemas técnicos con el edificio colindante.

LA NOTA

Precinto de uno de los negocios de Ses Feixes

El Ayuntamiento de Eivissa precintará uno de los cinco negocios de ses Feixes que ha continuado abierto a pesar de la orden de cierre dictada por el Consistorio por no tener licencia. Fue uno de los argumentos de la teniente de alcalde Elena López para defenderse de las acusaciones al equipo de gobierno de «favoritismo» con los negocios que tienen vinculación con el alcalde, Rafa Ruiz.

El concejal de Epic, Antonio Villalonga, criticó que, en los 20 meses que Ruiz lleva al frente del Ayuntamiento no se había abierto expediente sancionador al negocio de su tío por carecer de licencia ni a su padre por las irregularidades en el ‘rent a car' de su propiedad.

En este sentido, la teniente de alcalde López explicó además que la técnica de Medio Ambiente de Vila acudió con la Policía a uno de los negocios de ses Feixes pero no se abrió expediente porque «no había delito medioambiental». Elena López también señaló que el Departamento de Actividades que se dedica a supervisar las licencias de los establecimientos está «infradotado y asume mucho trabajo».

En el único aspecto que lograron ponerse de acuerdo ayer todos los grupos fue a la hora de pedir al Consell que concluya en la mayor brevedad la redacción del Plan Especial de ses Feixes.

LA NOTA

Recurso al archivo del Cetis

El Movimiento Ciudadano Epic recurrirá el archivo dictado la pasada semana por el juez de la denuncia que presentó contra la licitación y la contratación de la estación de autobuses Cetis y que, según dijo el concejal de este partido Antonio Villalonga durante el pleno, supuso «un expolio brutal del patrimonio municipal».

Villalonga preguntó también al equipo de gobierno cuáles serán las futuras tarifas de la estación de autobuses, a lo que el primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, respondió que no se facilitarán hasta que no se acaben de elaborar.

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