El Consell necesitará un informe favorable municipal para legalizar los pisos turísticos

Además, el borrador establece que los consells insulars «se podrán separar de los criterios contenidos en los informes por causas justificadas relativas al control de la legalidad y a la ordenación urbanística y territorial de carácter supramunicipal o insular, en la que se incluyen aspectos relativos a infraestructuras, equipamientos, servicios y, en general, a actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística insular».

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La nueva normativa también establece que el uso turístico estará prohibido en los pisos de protección oficial o de precio tasado, además de no permitir nuevas actividades de comercialización turística en viviendas residenciales situadas en suelo rústico.

Según el borrador, al que se pueden presentar alegaciones en un plazo de 20 días, se entenderá que una vivienda se está comercializando con uso turístico «cuando no se pueda acreditar que la contratación efectuada sea conforme a la legislación sobre arrendamientos urbanos o rústicos o a una otra ley especial». Además, será necesario un acuerdo de la junta de propietarios en el que la mayoría acepte expresamente la posibilidad de comercialización turística de las viviendas si es que los estatutos de la comunidad no lo impiden.