El grupo municipal del Partido Popular ha presentado una reclamación administrativa a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Eivissa para 2017, al entender que el gasto en personal supera el 1 por ciento y se sitúa en un 1,6 por ciento, lo que vulnera los límites establecidos en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).
Los populares consideran que los presupuestos del Consistorio de Ibiza son «un error y un claro incumplimiento de la legalidad». Según el artículo 20 de la LPGE, explica el PP, «se prohíbe toda ampliación de plantilla e incorporación de nuevo personal» que no se ajuste a los límites establecidos en el uno por ciento, con el objetivo de «congelar las plantillas vetando la incorporación de nuevo personal».
Nuevo personal
Los populares plantean que la norma prohíbe «no solo la relación de nuevas plazas, entendida como ampliación de plantilla, sino la incorporación de nuevo personal, ya sea por medio de interinos que cubran plazas dotadas pero vacantes, como la cobertura mediante funcionarios de carrera de plazas dotadas pero vacantes u ocupadas por interinos».
En este sentido, la concejala popular María Fajarnés explicó que la posibilidad de ampliar la plantilla municipal queda limitada al «cumplimiento de los límites impuestos por la aplicación de la tasa de reposición de efectivos» mientras que la interpretación del equipo de gobierno de Vila es que el artículo 20 no prohíbe la creación de puestos en plantilla, «sino la incorporación de nuevo personal».
«El equipo de Gobierno hace una interpretación torticera del artículo 20 y, por ejemplo, crea dos plazas de oficial de segunda de jardinería promocionando a dos operarios para, posteriormente, cubrir esas dos plazas que han quedado vacantes con personal interino», insistió Fajarnés.
Nuevo cargo de confianza
Para el grupo municipal popular, los concejales de Guanyem «han forzado» al alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, a incluir en las cuentas para el próximo año «un nuevo cargo de confianza, con un salario de 30.000 euros anuales, lo que contribuye a encarecer el capítulo de Personal, a incumplir sus compromisos electorales, a decir ‘donde dije digo, digo Diego' y a tirar el dinero público en cargos para amigos».
En esta reclamación presentada por el Partido Popular se solicita que se anule el proyecto de Presupuestos de 2017 aprobado inicialmente y que se realicen los «ajustes y modificaciones que se requieran para que las cuentas del municipio de Ibiza cumplan la Ley».
LA NOTA
El equipo de gobierno culpa a Montoro
El equipo de gobierno de Vila envió ayer un comunicado de respuesta al PP en el que asegura que las cuentas de 2017 pretenden dotar de más medios a los departamentos clasificados como «imprescindibles y urgentes» y que, por tanto, encajan con la ley. Además, culpa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de condenar a los ciudadanos de Ibiza a «no recibir unos mejores servicios».
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