«En ningún caso se han reactivado los proyectos de prospecciones petrolíferas»

—El Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar definitivamente las obras de la nueva depuradora de Eivissa. ¿Cuándo empezarán las obras y cuándo podrá entrar en funcionamiento esta nueva instalación?

—Tras la adjudicación del proyecto, se firmará el contrato con la empresa en las próximas semanas, en cuanto aporte la documentación necesaria para completar el expediente. La empresa redactará, en primer lugar, el proyecto, para lo cual hay un plazo de 4 meses. Después, tras la aprobación del proyecto por el Ministerio, dará comienzo el inicio de las obras, con un plazo de ejecución de 29 meses. Se desarrollarán, por tanto, a lo largo de 2017 y 2018; y está prevista su finalización en 2019.

—Los trabajos se han adjudicado por 24,3 millones, muy por debajo de los 41,2 millones en los que estaban presupuestados. ¿Existe la posibilidad de que haya sobrecostes y se tenga que pagar más dinero por culpa de esta adjudicación a la baja?

—No debe ser así. El contratista ha hecho su oferta conforme al anteproyecto de la obra y a los precios que puede obtener según las condiciones actuales de mercado. Sobre esa base, ha establecido el presupuesto en los 24 millones ofertados. La Mesa de Contratación ha valorado las distintas ofertas, y ha comprobado, como en todo proceso de contratación, la legalidad del proceso de licitación y la viabilidad técnica y económica de las ofertas presentadas. A partir de aquí, el contratista debe responder de la ejecución de las obras en las condiciones ofertadas.

—¿El dinero ahorrado en la contratación se va a invertir en otras infraestructuras de Eivissa o de Balears, como reclama el Govern balear?

—El presupuesto con el que se llevará a cabo la obra, lo aporta la Administración General del Estado. Y, en este caso concreto, la financiación de la actuación va asociada al cumplimento de la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, un ámbito en el que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con nuestras obligaciones. Los fondos disponibles para este fin se asignan a cada proyecto, según su presupuesto, sin que sea posible una redistribución territorial.

—La ampliación de la EDAR de Santa Eulària se adjudicó en octubre de 2015 por 4,8 millones. ¿Cuándo empezarán las obras?

—En la actualidad, se está ultimando la elaboración del proyecto de primera fase de la actuación. Una vez se apruebe, dará comienzo la ejecución de las obras; previsiblemente, este otoño, y que tienen un plazo de 26 meses.

—¿Qué otras inversiones ha llevado a cabo el Ministerio en Eivissa durante esta legislatura en materia de recursos hídricos?

—La inversión del Ministerio en la isla de Ibiza ha sido superior a los 28 millones de euros. Se han destinado 26 millones a la desaladora de Santa Eulalia y unos 2 millones de euros a las actuaciones de las arterias de Ibiza. Además, en 2015 hemos licitado la actuación de adecuación del sistema de saneamiento de Ibiza, que va a suponer una inversión de 6,5 millones adicionales, y que se adjudicará en breve. Además, el presupuesto destinado a las arterias de Ibiza para 2016 se incrementó hasta los 4,5 millones de euros.

—En cuanto a la desaladora de Santa Eulària, el Govern balear les culpó del retraso en su cesión. ¿Desde cuándo está la instalación en manos del Ejecutivo balear?

—El Ministerio tramitó con toda diligencia las reclamaciones pendientes por las desaladoras y asumió su coste. Una vez realizado el pago, las desaladoras de Ciudadela (Menorca) y Santa Eulalia (Ibiza) se pusieron a disposición del Gobierno de Baleares desde el 15 y 16 de febrero, cuando se hizo una visita a la instalación y se firmaron, entre representantes de las dos administraciones, las actas de reconocimiento e inspección para su explotación y puesta en servicio. Posteriormente, el pasado mes de mayo, de acuerdo con la solicitud del Gobierno balear, se procedió a la firma de actas formales de entrega de las instalaciones. La Agencia Balear del Agua debe ahora ocuparse de la explotación, mantenimiento y puesta en marcha de las instalaciones.

—La sociedad balear, incluido el Partido Popular, está en contra de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. ¿Por qué se le ha concedido prórroga de nueve meses a la compañía Spectrum para que pueda seguir tramitando su proyecto de sondeos?

—Lo que ha hecho el Gobierno es tramitar, con arreglo a derecho, una solicitud de prórroga en el marco de un procedimiento administrativo. En ningún caso se han prorrogado las prospecciones petrolíferas en Baleares ni se ha reactivado el proyecto. Se trata de la estricta aplicación de la ley y del procedimiento establecido, sin prejuzgar en absoluto el sentido final de la declaración de impacto ambiental. Las evaluaciones ambientales deben responder a estrictos criterios técnicos, científicos y jurídicos, para analizar los efectos ambientales de la forma lo más exhaustiva posible y garantizar la protección medio ambiental. De ningún modo, una evaluación ambiental puede estar sometida a la voluntad política. Hay que cumplir la normativa y respetar las los condicionantes técnicos y científicos.

—La Alianza Mar Blava, en la que están representadas las administraciones públicas baleares, pretende que se declare el Mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. ¿Ve posible conseguir este hito?

—Lo que el Ministerio puede hacer es garantizar el rigor de las evaluaciones ambientales y la adopción de las medidas contribuyan a garantizar la protección ambiental.