Llamamiento a la acogida y a la caza del infractor en materia de vivienda

Entre las medidas expuestas para defender el derecho a una vivienda y un alquiler dignos se propuso la gestión por parte de los ayuntamientos de edificios vacíos para albergar a trabajadores de temporada; la constitución de oficinas municipales para atender a los afectados e intermediar entre propietarios e inquilinos; que los trabajadores con dificultades para encontrar alojamiento puedan compartir vivienda con personas mayores; incluir viviendas y alquileres de carácter social en los planeamientos urbanísticos municipales –siguiendo el ejemplo de Vila–, así como incrementar la inspección y dar publicidad a las sanciones como método para disuadir a posibles infractores.

La Mesa reunió ayer con carácter especial a responsables de distintos departamentos del Consell d'Eivissa, los regidores de Urbanismo y de Turismo de los cinco Ayuntamientos de la isla, junto con los representantes de Fomento de Turismo, Cruz Roja, Deixalles, el Banco de Alimentos y Cáritas.

En base a un informe elaborado por el organismo oficial de la Diócesis pitiusa, en el que se aborda en profundidad la problemática de la vivienda, con testimonios reales, artículos de prensa y datos provisionales de un sondeo elaborado a 50 personas, los asistentes mostraron su rechazo a la propuesta del Govern de legalizar los alquileres turísticos en viviendas residenciales y acordaron trabajar de forma coordinada y junto al gobierno autonómico para frenar la escalada de abusos en materia de vivienda.

Solidaridad

El delegado episcopal de Cáritas, Miguel Ángel Sánchez, hizo un «llamamiento a la solidaridad de acogida de parte de la población, de manera que quien pueda ponga a disposición de forma legal una vivienda que pueda tener en desuso o pueda llegar a compartir una parte de su vivienda con otra u otras personas que vienen y no tienen recursos suficientes».

Sánchez también pidió «un esfuerzo» a los servicios sociales de los ayuntamientos para «atender a personas que caen en exclusión social por el precio de la vivienda».

Durante el encuentro se insistió en la necesidad de generar noticias que den cuenta de la inspección y, en su caso, de la sanción a aquellos que están incumpliendo la ley para desactivar dinámicas semejantes. «Eso podrá frenar a quienes quieren lanzarse en la misma dirección», añadió el delegado episcopal y párroco de Sant Miquel, quien criticó «la sensación de impunidad» que existe en la sociedad pitiusa en este ámbito.

Pese a la batería de medidas lanzadas en la Mesa contra la Exclusión Social, sus portavoces lamentaron que «no hay soluciones para los próximos días». «Vamos a ver si a lo largo del verano somos capaces de arbitrar medidas que alivien la situación de algunas de las personas o familias enteras afectadas», subrayó en base a la «voluntad de colaboración» entre administraciones y entidades sociales.

Los ayuntamientos dicen no tener pisos vacíos, según afirmó Sánchez. Por tanto entre las fórmulas que barajan se encuentra «la rehabilitación de hoteles cerrados», aunque lo más factible es que los ayuntamientos ejerzan «de intermediarios» entre propietarios e inquilinos «para mantener todo dentro de la ley y de límites normales en cuanto a las cantidades». Sánchez, asimismo, precisó que el problema no es que falten pisos en la isla, «sino que los que se habían construido para uso residencial han pasado a ser explotados turísticamente».