Según recordaron fuentes municipales, por segunda vez el Ministerio fiscal ha considerado que no queda justificado ningún delito por parte de concejales o técnicos municipales.
En la causa estaban imputados representantes de la adjudicataria de la zona azul, además de concejales del equipo de gobierno de la ex alcaldesa Lurdes Costa, así como una concejala de una legislatura anterior y el entonces interventor municipal.
Desde el Consistorio recordaron que Fiscalía ha estimado «que no está justificada la perpetración» del delito, lo que «supone un paso más para el cierre definitivo de la investigación».
La conocida como causa Park Control comenzó en 2010 después de que el juzgado abriera diligencias por la denuncia de un particular por un presunto delito de apropiación indebida o malversación. Vila había restado 412.120 euros del canon que la concesionaria debía abonarle en compensación por el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que exigió la Agencia Tributaria a esta compañía y que Vila entendió que debía asumir porque no figuraba en el pliego de condiciones de la adjudicación.
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