Según han informado fuentes judiciales, el Supremo ha rechazado el recurso de la acusación particular y popular.
La reclusa Amalia R.M. acusó a los funcionarios de un delito de abusos sexuales continuados y dos delitos de coacciones.
Los hechos se remontan a 2009, cuando la interna fue atendida por los servicios sanitarios de la prisión tras sufrir un ataque de ansiedad y explicó que había sido acosada por uno de los acusados, quien supuestamente le solicitó relaciones sexuales y la intimidó con frases soeces.
La reclusa denunció a su presunto acosador, aunque dos días después retiró la denuncia.
El caso se reactivó tres meses más tarde cuando otros tres jefes de servicios de la cárcel denunciaron que el educador había presionado a la presa para que formulara una falsa denuncia contra ellos.
Durante el juicio, se puso de manifiesto que el conflicto nacía a causa de las malas relaciones que mantenían entre sí los funcionarios de la cárcel de Ibiza.
El Supremo mantiene ahora que los acusados deberán pagar las costas de la primera instancia al entender que la Audiencia Provincial no justificó que dichas partes habían actuado con temeridad. Contra la sentencia puede interponerse un Recurso de Casación.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.