Según la Alianza, esta Dirección General está tramitando el proyecto a través de dos expedientes distintos, lo cual es "absolutamente ilegal", aplicando además a cada uno de ellos una legislación de evaluación de impacto ambiental diferente (el Real Decreto Legislativo 1/2008 al primero y la Ley 21/2013 al segundo), que son "incompatibles", según aseguran.
El colectivo antipetrolífero ha reiterado que, según los principios de unidad del procedimiento administrativo, unos mismos trámites no pueden mantener su eficacia en dos procedimientos que, con un mismo objetivo, como es formular una declaración de impacto ambiental, se tramiten con normas procedimentales excluyentes entre sí.
La Alianza Mar Blava ha dirigido un escrito a la Directora General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, para denunciar este hecho.
"Manteniendo esta situación, el MAGRAMA está incumpliendo gravemente el principio de eficacia de la actuación de la Administración Pública establecido en el artículo 103.1 de la Constitución española al permitir la apariencia jurídica de que unos mismos trámites de evaluación de impacto ambiental puedan considerarse válidos para mantener activos de forma simultánea dos expedientes administrativos con el mismo objetivo y procedimientos excluyentes", ha manifestado Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.
Asimismo, desde Mar Blava han recordado que el 28 de enero de 2014, el MAGRAMA resolvió declarar la terminación del procedimiento con el consiguiente archivo del expediente de evaluación ambiental del proyecto "Campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares" por haberse superado los plazos establecidos en la legislación de evaluación de impacto ambiental para la entrega de la documentación, sin que se hubiera solicitado previamente prórroga alguna por parte del entonces promotor del proyecto, Seabird Exploration.
Tras esa resolución, según han recordado, Seabird recurrió en alzada dicha decisión y poco después presentó el proyecto de nuevo.
De esta manera, La plataforma señala que Seabird pretendió "saltarse" varios pasos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para eludir enfrentarse a la fase de información pública, a lo que la Alianza Mar Blava se ha opuesto formalmente en varias ocasiones mediante diversos escritos al MAGRAMA y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La Alianza Mar Blava considera que se debe proceder al archivo definitivo de ambos expedientes.
El primero, por cuanto la promotora Seabird adoptó la decisión expresa de someter los trámites realizados a nueva tramitación bajo la Ley 21/2013, lo que supuso la renuncia tácita necesaria a la eficacia del citado expediente.
El segundo, por el hecho de que el MAGRAMA y el MINETUR lo están tramitando ilegalmente, dando validez procedimental a unos trámites que no la tienen.
Asimismo, según Mar Blava, están asumiendo un Estudio de Impacto Ambiental "caducado, obsoleto y plagado de errores y deficiencias" y no están llevando a cabo el trámite de información pública del proyecto, lo cual supone una vulneración del procedimiento establecido en la Ley, con lo que se está hurtando a la ciudadanía la posibilidad de presentar alegaciones.
Además el impacto ambiental del proyecto es inasumible, por sus múltiples impactos a numerosas especies de fauna protegida y a los importantes caladeros de pesca de la zona, han concluido.
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