Dificultades
Ribas recordó que el Consell no tiene competencias directas en materia educativa, que «es el motivo por el cual arrastramos este problema desde hace años», y confirmó que la institución insular no puede contratar personal por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como ‘Ley Montoro'. «Por tema legal, la ley nos quita la posibilidad de contratar y los servicios jurídicos del Consell, con un criterio razonable, no nos permite hacer esta contratación en una materia que no es competencia del Consell», indicó el conseller, que destacó que «mientras no se pueda flexibilizar o derogar esta normativa, lo tenemos complicado».
Respecto a la posibilidad de privatizar la gestión, el conseller dijo que no se lo plantean como una opción «viable», pero que tampoco la descartan «al 100%» porque al final tienen que ofrecer una solución. «Si no hubiera otra opción viable, obviamente tendríamos que plantear ésta, pero primero estudiaremos el resto de alternativas para evitar que se externalice», dijo Ribas, que remarcó que «siempre será la última opción» y recordó que el edificio continuaría siendo del Consell.
De esta forma, PSOE y Podemos se están encontrando con las mismas trabas con las que se topó el PP para abrirla. Los populares ya advirtieron en la anterior legislatura de que el problema es que no se puede financiar directamente porque no es competencia propia, ya que la educación de cero a tres años es cosa del Govern, y si se privatizara debería tener el mismo precio que las otras guarderías que tiene el Consell para no crear «agravios comparativos», lo que es imposible sin subvención pública. Además, aseguraron que el Consell tampoco podría gestionarla porque tendría que contratar personal para su apertura, lo que no permite la Ley Montoro.
«Es un tema muy complicado de resolver, pero estamos trabajando para buscar alternativas», señaló David Ribas.
Renovación
El conseller d'Educació visitó el pasado mes de julio la instalación junto al presidente del Consell, Vicent Torres, y el alcalde de Sant Josep, Josep Marí ‘Agustinet'. El centro, que tuvo un coste total de 836.821 euros y cuenta con 55 plazas de educación infantil, dispone de todo el mobiliario y equipamiento necesario para ponerla en marcha. Ribas aseguró que la infraestructura no necesita grandes reformas para reactivarla, pero sí trabajos de mantenimiento por el deterioro que ha sufrido por los más de cinco años que ha estado paralizada y sin uso.
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