El Govern se reunirá este lunes con Consells y agentes sociales para estudiar el recurso contra la Ley de comercio

Así lo han confirmado asociaciones como Afedeco o Pimeco a Europa Press, en declaraciones en las que han exigido una reacción «contundente» por parte del ejecutivo autonómico.

El Consell de Mallorca, por su parte, ha confirmado que asistirá este lunes a la comisión interinsular asesora de comercio para dar una respuesta «rápida y coordinada» a esta situación junto al Govern y el resto de Consells.

En esta comisión se analizará la situación en la que queda el comercio de las islas con este recurso de inconstitucionalidad, ya que la institución insular considera que «deja al sector del pequeño comercio en una situación de inseguridad jurídica sin antecedentes».

«El plan director sectorial de equipamientos comerciales es una de las prioridades del gobierno del Consell de Mallorca, por lo que nos pusimos a trabajar en su redacción desde el primer día de la constitución del Consell y en breve estaremos en disposición de poder dar respuestas», ha señalado la institución, quien ha asegurado que la redacción de la norma territorial «está muy avanzada».

Durante una rueda de prensa convocada este sábado, el conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, ha asegurado que la reacción del ejecutivo autonómico «ha sido inmediata» y que también se han puesto en contacto con todos los grupos políticos para crear «una hoja de ruta» de la que no ha querido dar detalles. No obstante, ha remarcado que los servicios jurídicos del Govern ya están trabajando en ello.

Además, han solicitado con máxima urgencia una reunión con el ministro para buscar una solución.

ARTÍCULOS EN SUSPENSIÓN

Según han explicado Negueruela y la directora general de comercio, Pilar Sansó, la suspensión de algunos artículos de la Ley de comercio podría tener graves consecuencias en el «equilibrio» de las islas, debido a su tamaño, ya que según la ley estatal todas recibirán el mismo tratamiento.

En particular, el recurso ante el TC, que pide que se suspendan provisionalmente preceptos como las autorizaciones y condiciones para la implantación de establecimientos comerciales según su superficie en metros cuadrados, los horarios comerciales y el silencio negativo cuando no haya resolución expresa.