El proyecto de normas subsidiarias, actualmente en exposición pública, además es «incompatible con un desarrollo urbanístico racional» e «incumple la legislación básica del suelo al dar cobertura a actuaciones abiertamente ilegales», destaca el grupo ecologista.
Por este motivo solicita que el documento se sustituya por otro y se suspenda temporalmente el planteamiento en vigor desde 1987, «después de constatar que el documento vigente en la actualidad no ha servido para estructurar un crecimiento ordenado y sostenible».
Añade que «su aplicación ha comportado graves desequilibrios territoriales, agotamiento de recursos naturales básicos como el agua, problemas de saturación de la red viaria, invasión de los espacios naturales por actividades ajenas a su conservación y una ininterrumpida pérdida de la calidad ambiental y de la calidad de vida de los habitantes de municipio».
El grupo ecologista también considera que los cálculos del techo poblacional que se establecen en las normas subsidiarias «es absolutamente falso».
Así, el texto presentado por el Ayuntamiento de Sant Josep considera que la máxima población residencial teórica prevista es de 42.102 habitantes y 13.294 plazas turísticas.
El GEN-GOB señala que la Federación Hotelera ha contabilizado 24.498 plazas turísticas en el municipio, a las cuales hay que añadir las viviendas usadas como segunda residencia y a quienes se trasladan a Sant Josep en verano por motivos laborales.
Finalmente, critica que el consistorio se ampare en la figura del Asentamiento en Medio Rural (AMR), creado por la nueva Ley del Suelo, para legalizar urbanizaciones irregulares de los años 60 y 70.
Esta figura da cobertura legal a urbanizaciones en el interior de suelo rústico y favorece a quienes han infringido la normativa, concluyen.
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