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«Este número de alegaciones no se había conseguido nunca contra ningún tipo de proyecto en España y demuestra la enorme oposición social que hay contra los planes que Cairn Energy tiene en el Golfo de Valencia. Es un récord histórico», destacó Carlos Bravo, uno de los portavoces de la Alianza, quien destacó que los informes de las subdelegaciones del Gobierno de lugares como Castellón, Valencia o Balears destacan en sus conclusiones el elevado número de alegaciones y literalmente señalan «la fuerte oposición de la ciudadanía al proyecto».
«Nadie ha alegado a favor del proyecto y no hay nada ni nadie que lo apoye. Hay una oposición absoluta», recalcó Bravo, quien señaló que se abre una «cuenta atrás», pues una vez recibidas y contestadas las alegaciones por parte de la empresa e Industria se abre el periodo en el que el Ministerio de Medio Ambiente debe hacer la declaración de impacto ambiental. Desde la Alianza destacaron que el tiempo máximo del que dispone el Ministerio de Medio Ambiente son tres meses y exigen agilidad: «Disponen máximo de tres meses para hacer la declaración de impacto ambiental que presionaremos para que sea negativa. Vamos a insistir en esta línea y esperamos que por parte de Medio Ambiente no haya ningún ejercicio de dilación ni demora porque está claro que hay argumentos demostrados por todo tipo de organizaciones en contra de este proyecto», destacó Bravo. La Alianza defiende que esta declaración de impacto ambiental debe hacerse en base a todo el proyecto, no por fases, tal y como contempla la ley de hidrocarburos.
En esta misma línea se expresó Ángeles Nogales, también portavoz de la Alianza, quien destacó que, además de insistir en que la declaración de impacto ambiental sea negativa, exigirán al Govern que actúe legalmente contra los sondeos ilegales que la empresa Seabird hizo el año pasado y que afectaron al mar balear.
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