Según han explicado, el pasado 29 de agosto formularon esta denuncia tras comprobar la ejecución de unas obras ilegales en Es Xarco, en Sant Josep, en una zona de máxima protección, ya que es Zona de Servidumbre de Protección de Costa, Area Natural de Especial Interés y Area Natural de Alto Nivel de Protección.
Así, han insistido en que el grado de protección del lugar es prácticamente el máximo que puede tener la isla, lo que no ha impedido que se estén ejecutando obras «completamente incompatibles con la legalidad».
Por ello, presentaron la denuncia ante el Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell y la Dirección General de Costas, intentando aclarar las graves infracciones que se están ejecutando en este tramo.
Los ecologistas han denunciado que los trabajos no han sido paralizados, sino que se ha incrementado su ritmo de ejecución, multiplicándose el número de operarios que trabajan en la construcción.
El GEN ha asegurado que el Ayuntamiento, de forma presuntamente irregular, habría otorgado la licencia para «el mantenimiento y mejora de la vivienda existente», una vieja estructura de pequeñas dimensiones en estado ruinoso.
Así, los trabajos tampoco se ajustan a nada que pueda parecerse al «mantenimiento y mejora», sino que han supuesto una nueva vivienda, con una volumetría que difiere de la ruina preexistente.
En los trabajos se ha utilizado maquinaria pesada y en la denuncia del GEN se han incluido fotografías con las excavadoras que trabajan en la zona y que no forman parte de las herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos autorizados.
«Según esta interpretación, cualquier caseta varadero del municipio se podría convertir en una mansión de dos plantas junto al mar», han lamentado.
El GEN, según han dicho, denunció la obra, solicitó su paralización inmediata y el traslado del expediente. De momento, han lamentado no obtener ninguna respuesta al respecto, aunque los promotores podrían haber sido informados de dicha denuncia, ya que se ha incrementado el ritmo de ejecución de los trabajos, han explicado.
Los ecologistas han reiterado que existe en la isla una «absoluta impunidad» en estos casos de ilegalidades urbanísticas.
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