La diputada ibicenca Virtudes Marí.

La diputada ibicenca Virtudes Marí.

C. RoigEivissa28/02/14 0:00
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La comisión de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Parlament ha aprobado esta semana la ponencia de la Ley del Suelo, en la que se han incorporado 180 enmiendas presentadas por la oposición, lo que supone un 40% del total. Entre ellas, se pactó una entre el PP y la diputada por Formentera, Margalida Font (GxF-PSOE), que queda plasmada en la Disposición Adicional 9 de la ley y que aclara las funciones que tiene el Consell de Formentera, por su doble condición de Consell y Ayuntamiento a la hora de elaborar su planeamiento y ordenación del territorio, ya que tienen que redactar tanto Normas Subsidiarias como Plan Territorial Insular.

Según explicó ayer la diputada popular Virtudes Marí, esto da «seguridad jurídica a los ciudadanos de Formentera». En concreto, había dudas sobre si el Govern sustituía al Consell en algún trámite a la hora de elaborar estas normativas y en la ley ha quedado claro que no.

Margalida Font explicó que así ha quedado plasmado el «régimen específico» de la isla, que tiene competencias en urbanismo y ordenación del territorio sin que el Govern tenga que participar en sustitución del Consell en ningún momento.

Según Marí, la enmienda salió aprobada pese a que el PSOE se abstuvo, algo que no entendió porque «se había pactado con Formentera». Font destacó el «talante dialogante» de Virtudes Marí para pactar un tema «provechoso» para la isla.

En total la oposición presentó 453 enmiendas, de las que se aprobaron 180 (63 del PSIB, 83 de Més, 20 de la diputada font, 6 del diputado Antoni Pastor y 8 del PP). La diputada destacó que la ley ha salido «lo más consensuada posible» y resaltó que con estas enmiendas se aumentan los metros en zona verde de 18 a 20 en zona residencial y de 6 a 7 en zona turística.

Lo que queda igual que antes es uno de los artículos estrella de esta ley, que es el que permite la regularización de viviendas ilegales en suelo rústico cuya infracción haya prescrito y no puedan derribarse. «La situación es la que es. Se ha permitido durante más de 20 años, son infracciones prescritas y no puedes derribar. La amnistía no se hace ahora, sino cuando cualquier alcalde no ordenó en su momento el derribo si no era legalizable. Nosotros solo podemos certificar una situación, intentamos arreglar el problema», defendió la diputada.