El presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, ha exigido al presidente insular, Jaume Ferrer, que presente, «con urgencia y sin dilación», su declaración de bienes de la primera legislatura, «como ejercicio de transparencia» y no ha descartado realizar esta solicitud por la vía jurídica, llevándola a la Fiscalía «si es preciso».
«Ferrer debe clarificar su relación con el único local comercial vendido de Ca Ses Castellones para que no quepa duda alguna sobre un posible conflicto de intereses», ha dicho Alcaraz.
El Partido Popular ha recordado que todos los presidentes de administraciones de Baleares, así como el resto de representantes políticos de la agrupación, han publicado en Internet sus declaraciones de renta y patrimonio.
Asimismo, ha destacado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares deja bien claro que Ca ses Castellones ha quedado fuera de la redelimitación de un conjunto histórico «por conveniencia de la Administración».
El Partido Popular de Formentera ha exigido además al equipo de gobierno de GxF-PSOE la convocatoria de un pleno extraordinario para dar las oportunas explicaciones sobre la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de parte de las Normas Subsidiarias. El portavoz del PP, José Manuel Alcaraz, se ha sumado así al GUIF en la petición de esta comparecencia «necesaria y urgente ya que el pueblo está reclamando unas explicaciones que merece conocer y que son realmente necesarias», ha dicho Alcaraz.
El portavoz ha recordado que la resolución del TSJB contra las NNSS de Formentera, aprobadas en 2010, «es la crónica de una muerte anunciada, ya que recoge defectos e irregularidades sobre los cuales nosotros alertamos por activa y por pasiva».
«Nos tienen acostumbrados a declaraciones y críticas sobre temas baladíes, que emiten cuando nadie se lo pide, y al silencio en casos tan importantes como este», ha insistido el portavoz.
Según ha recordado el PP, el Tribunal Superior de Justicia de Balears emitió el 6 de febrero una sentencia que anula parte de la normativa territorial actual de Formentera, con un contundente alegato sobre la forma de proceder del Consell y con la posibilidad de convertir en ilegales muchas licencias de obra concedidas y ejecutadas en los cascos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola.
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