En cuestiones metodológicas, la futura ley de financiación de Consells se asemeja a los criterios que incorpora el sistema que rige la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, se tendrá en cuenta la población, pero también la población dispersa y la ampliada, y los servicios mínimos que debe prestar cada municipio. De esta manera, el ejecutivo balear ha escuchado las opiniones de los diferentes gobiernos insulares que reclamaban un reparto «justo y equitativo» en función de ciertos criterios objetivos, como el de la población.
Se crea un fondo de convergencia que crecerá en función del dinamismo económico de la Comunitat: si el Govern recauda más dinero, ampliará la dotación a este fondo.
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