El grupo parlamentario MÉS ha exigido hoy al PP que «devuelva urgentemente el dinero estafado» en el marco del casa Scala de corrupción, por el que el partido fue condenado por la Audiencia de Palma a pagar 10.585 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil.

La coalición nacionalista ha recordado en un comunicado que el PP fue condenado por la Audiencia en la sentencia del caso Scala el pasado mes de julio, por los recursos públicos que se desviaron desde el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) para pagar el transporte de folletos electorales de Mallorca a Eivissa, de la campaña electoral del PP en 2007.

El diputado de la coalición, Nel Martí, ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para que la cámara balear inste al Govern «a reclamar inmediatamente al PP el retorno del dinero malversado a la hacienda autonómica».

Martí ha recalcado que la sentencia del caso Scala dice que el PP es «responsable civil a título lucrativo» de ese dinero, por lo que ha reclamado «un acto de transparencia al PP» y que devuelva el dinero.

La propuesta registrada en el Parlament insta además al Govern a solicitar un informe del Consell Consultiu sobre «la legalidad de la aportación hecha por el Govern balear al PP en concepto de subvención electoral de 2007, a raíz del incumplimiento del artículo 128 de la Ley 5/1985, de Régimen Electoral General».

Si se demuestra que la subvención electoral es nula por este incumplimiento de la legislación electoral y de partidos, el grupo MÉS exige que se reclame por vía de urgencia el retorno del dinero aportado al PP en concepto de subvención electoral.

La proposición no de ley insta además a la Sindicatura de Cuentas de Baleares a «revisar en el menor tiempo posible la auditoría y el informe de fiscalización externa relativo a la contabilidad electoral de 2007», a partir de los hechos probados y condenados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Scala.

Insta también a la Sindicatura y al Govern a dar traslado del nuevo informe sobre la contabilidad electoral del PP del 2007 al Tribunal de Cuentas para que éste actúe para garantizar la legalidad en la participación electoral.