El GEN pedirá sanciones contra los políticos si no se derriba la casa de Puig d'en Serra

Los ecologistas lamentan que siete años después de la sentencia no se haya ejecutado la demolición

CASA PUIG DEN SERRA SANT JOSEP CON ORDEN JUDICIAL DE DERRIBO FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

Imagen de archivo de la vivienda afectada por una sentencia de demolición desde hace años. | Marco Torres

Redacción LocalEivissa06/07/13 0:00

El Grup d'Estudis de la Naturalesa, GEN, se ha personado en la causa judicial que obliga al derribo de la vivienda ilegal de Puig d'en Serra, en el municipio de Sant Josep. La formación aseguró ayer que si no se reactiva de manera inmediata el proceso de demolición, solicitarán sanciones contra los responsables políticos «que podrían llegar a ser de tipo penal, si siguen evitando las acciones dictadas por la Justicia».

Según informaron ayer los ecologistas, la edificación ya fue denunciada por el GEN en el momento de su construcción, en 1996. Las obras se hallaban en Área Natural de Especial Interés (ANEI) y situadas sobre una montaña, a pesar de estar prohibido por ley.

El GEN recordó que por la situación y dimensiones, estos trabajos suponían «un grave impacto». Asimismo, desde la entidad explicaron que en 2004 el Juzgado declaró ilegales las obras, decretando su demolición. En 2006, la sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y «17 años después de la primera denuncia y siete después de la sentencia firme de demolición, la edificación sigue intacta y acabada», denunciaron ayer los ecologistas.

Falta de disciplina

Según el GEN, «la falta de disciplina urbanística en Eivissa es de sobra conocida». «Las administraciones públicas suben impuestos a los ciudadanos que cumplen sus obligaciones en vez de llenar las arcas públicas sancionando a aquellos que actúan fuera de la legalidad», remarcaron desde el GEN. «El territorio sufre gravemente esta desidia institucional, totalmente intolerable», reiteraron. Los ecologistas consideraron «especialmente grave el caso de las obras ilegales que se llevan a cabo en el interior de espacios protegidos o de gran relevancia paisajística».

El GEN criticó también que las instituciones «no tengan ningún propósito de hacer cumplir la sentencia de demolición» y consideraron necesario personarse en la causa para lograr que «dejen de burlarse de la ley y se ejecute la sentencia de demolición».

«Ni siquiera cuando se ha dictado una sentencia firme de demolición existe, por parte de las administraciones responsables, el más mínimo propósito de hacerla cumplir como demuestra el hecho de que, siete años después de la sentencia firme de demolición esta no se haya ejecutado», añadieron.