El grupo municipal PSOE-Pacte en el Ayuntamiento de Eivissa ha mostrado su «sorpresa» por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de citar a declarar en calidad de imputados a los miembros de la Junta de Gobierno del Consistorio en la pasada legislatura.
Según han informado los progresistas, «Fiscalía había pedido que se archivara el caso porque no había encontrado ningún indicio de delito». Asimismo, han explicado que los miembros del anterior equipo de Gobierno están «tranquilos», porque todas las actuaciones «están avaladas por informes técnicos y jurídicos y nunca fueron adoptadas de manera arbitraria».
En 2010, la empresa adjudicataria de la zona azul, Park Control 2000, presentó un escrito de alegaciones sobre la cuantificación de sus pagos al Ayuntamiento. Los técnicos, según el PSOE-Pacte, estimaron que, de manera parcial, tenían razón en sus argumentos y así, siguiendo indicaciones del Interventor, el secretario y un letrado, los miembros de la Junta de Gobierno ratificaron la propuesta.
«Esta conducta nunca puede ser considerada delictiva y los progresistas entendemos que, en todo caso, lo que hubiera podido suponer un delito de prevaricación habría sido hacer caso omiso de los informes técnicos y votar en contra de los mismos», han sentenciado.
Los progresistas han asegurado que «no dimos ningún trato de favor a la empresa adjudicataria y la prueba es que el Ayuntamiento aprobó en el mismo periodo el secuestro de la concesión, hasta el punto de que se intervinieron las cuentas de la empresa para evitar que los ingresos de la zona azul sirvieran para abonar deudas existentes con otras entidades».
Incluso, el PSOE-Pacte ha recordado que el ahora conseller de Hacienda, José Vicente Marí Bosó, y su padre fueron los asesores del proceso. El conseller fue el interventor técnico de las cuentas de Park Control, cuando la empresa fue intervenida.
La formación ha defendido la «honorabilidad de la anterior Junta de Gobierno» y ha afirmado que «la Justicia nos volverá a dar la razón, una vez escuchados los testimonios y se haya analizado toda la documentación del expediente».
Asimismo, han confiado que el caso se tramite «con diligencia y no se perpetúe en el tiempo una situación de imputación masiva, claramente injusta y desproporcionada».
El Tribunal ha considerado ahora que hay «indicios de criminalidad» en el acuerdo de la exJunta de Gobierno, que condonó una deuda de 412.120 euros a Park Control.
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