La inculpada ha comenzado a declarar a las 11.30 horas en la quinta sesión de la vista oral y en su comparecencia ha recalcado que, mientras los tres socios estaban detrás de la mercantil Sayju, ésta presentaba trabajos al CDEIB, ante lo cual el fiscal Juan Carrau le ha preguntado si no le extrañó que la empresa facturase al CDEIB y que los fondos públicos que percibía esta sociedad acabaran después saliendo de la misma.
Una empresa que, según los investigadores, era gestionada de hecho por Ordinas y Beaumont y fue adjudicataria de numerosos contratos públicos para la realización de estudios y participación en eventos que «no respondían a finalidad pública alguna».
«Todo iba siempre acompañado de trabajos», ha respondido Beaumont, quien ha explicado que le daban la documentación para hacer el trabajo y Ordinas le entregaba «una relación de pagos a realizar», entre ellos a la entidad Gabinete Alays, de la que era administradora Isabel Rosselló, pareja de la exgerente del CDEIB.
Según los investigadores, las facturas fueron emitidas por Gabinete Alays por estudios e informes que posteriormente se refacturaban contra el consorcio y que, como los anteriores, no tenían ningún interés público.
«Ordinas me dijo que quien tenía que pagar era cardona» Beaumont, esposa de otro de los acusados en el juicio, el empresario Jaime Julio Fernández, ha puesto asimismo de manifiesto que cuando las presuntas irregularidades cometidas a través del organismo público comenzaron a salir en prensa, llamó a Ordinas para interesarse sobre el asunto y ésta le citó en su casa de Pòrtol, donde le preguntó qué había pasado y si tenía intención de devolver algunas de las cantidades que se estaban investigando.
Tal y como ha explicado, Ordinas le respondió que no iba a pagar nada y que de eso quien tenía que encargarse era Cardona, de quien, le aseveró, la exgerente tenía «mucho que contar».
«Era desde arriba desde donde se debe pagar, no yo», ha recordado que le contestó la exalto cargo del PP.
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