Confirmado el despido de un hijo del dueño de GPS por espiar una reunión de la administración judicial

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima así el recurso de suplicación que interpuso Fernando Ferré Garnacho, quien en octubre de 2011 fue despedido de la sociedad Go-Lam-Sec, perteneciente al grupo de empresas Playa Sol (GPS), que en la actualidad se encuentra en manos de administradores judiciales tras su detención así como la de su padre por impulsar un entramado societario presuntamente dirigido a eludir sus obligaciones tributarias mediante la facturación de servicios inexistentes.

Y es que la resolución, dictada por la Sala de lo Social del máximo órgano judicial de Baleares, señala cómo participó junto a su hermano Joan, también empleado de la empresa demandada, a colocar una grabadora en la sala de reuniones de la mercantil, con el objetivo de captar el contenido del encuentro que iba a tener lugar entre el comité de dirección y los administradores judiciales. El dispositivo, sin embargo, fue descubierto por uno de los miembros del comité antes del inicio de la reunión.

Se trata de una actuación que, tal y como considera el tribunal, «supone un claro quebranto de la imprescindible confianza que debe existir en toda relación laboral» y constituye «una clara transgresión de la buena fe contractual al estar encaminada a tomar conocimiento de lo que se trataba en una reunión de carácter reservado».

El demandante, no obstante, alegaba en su recurso que su despido se produjo en el contexto de una actuación de su hermano, cuyo despido también fue declarado procedente, aseverando que en el desarrollo de sus funciones no incumplió las obligaciones derivadas de su relación laboral. Según recalcaba, sí acompañó a su hermano a retirar la grabadora, «sin que hasta ese momento conociese la actuación» de su familiar.

Tal y como defendía, su hermano le había explicado que como interventor judicial había informado al Juzgado de que se le estaba obstaculizando el ejercicio de sus funciones y de que «no se le permitía acudir a las reuniones mensuales entre la gestora y la administración judicial, y que por ello había colocado el dispositivo de grabación».

Un motivo que, según la sentencia, no podía prosperar puesto que, entre otras razones, el trabajador que halló la grabadora, al comprobar su contenido junto al administrador judicial, reconoció las voces de los dos hermanos que estaban verificando si el dispositivo funcionaba correctamente. La actuación de Ferré, por tanto, «no se limitó a acompañar a su hermano a retirar el dispositivo que había colocado, sino que participó en la colocación», apunta la resolución.

En el caso del proceso en el que se encuentra acusado su padre, las pesquisas apuntan a que éste adquirió en los últimos años entre 30 y 50 hoteles por varias partes del mundo, así como el 14 por ciento de la planta hotelera ibicenca, con dinero presuntamente ilícito. La operación policial constató que el hotelero no había declarado impuestos en los cinco años anteriores, pese a estar vinculado a un entramado empresarial integrado por 300 sociedades y administrar un patrimonio hotelero valorado en más de 600 millones de euros.