En el escrito de hoy que fija una fianza civil de 8,1 millones de euros para ambos, el juez instructor del caso Nóos señala que los dos crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo «al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas» la influencia de Urdangarin, «real o de obligada imaginación», con la Casa Real.
El juez explicita que dicho parentesco deriva del matrimonio de Urdangarin con la infanta Cristina en 1997.
Castro alude a esta «esfera de pretendido poder» que emplearon «unas veces de manera implícita y en otras de manera franca», y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos «con claras referencias a S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y a Don Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real».
El referido entramado empresarial es investigado por el presunto desvío de 6,1 millones de euros de las administraciones públicas balear y valenciana entre los años 2004 y 2007.
Según Castro, las declaraciones prestadas por los empleados de las empresas y los múltiples correos electrónicos intervenidos en la investigación evidencian que el objetivo era captar a entidades privadas e instituciones públicas para formalizar negocios jurídicos recurriendo a dicho parentesco de Urdangarin.
«Se les hacía ver a los potenciales clientes», recoge el auto, que había «innumerables ventajas de prestigio y económicas» en el hecho de «contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución».
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