Los abogados de Balears critican la entrada en vigor de las tasas judiciales, que consagran «una Justicia para ricos»

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que entran en vigor hoy y que, según un comunicado del Colegio de Abogados del archipiélago, harán que la Justicia «sólo esté al alcance de las personas con elevados recursos económicos».

Los abogados consideran que una buena parte de la población española no podrá asumir el pago de las tasas impuestas en la primera y segunda instancia de las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa así como en la segunda instancia del ámbito social, y menos en el actual momento de crisis.

El Constitucional

La ley prevé el pago de una tasa que resulta de la suma de dos partidas: una cuantía fija, ya de por sí muy elevada, a la que se suma otra variable que dependerá de la cuantía procesal o del interés económico del pleito, de modo que si, por ejemplo, hasta un millón de euros se aplicará un 0,5 % al interés económico del pleito, hasta un máximo de 10.000 euros.

El Colegio de Abogados de Balears se ha alineado con la iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente ya ha solicitado a distintos organismos e instituciones que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la normativa. Los servicios jurídicos del colegio balear trabajan para proporcionar a los organismos que lo soliciten los argumentos jurídicos que pueden contribuir al éxito de tales recursos.

Algunos partidos políticos ya han anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta medida desarrollda por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre ellos el PSOE.