Los representantes de la asociación de rent a car de Pimeef y de la agrupación de alquiler de vehículos sin conductor en Balears (Baleval) pusieron ayer el grito en el cielo tras conocer que el Govern balear gravará con un nuevo impuesto medioambiental esta actividad, con el objetivo de recaudar quince millones el próximo año en todo Balears.
El presidente de los empresarios de alquiler de vehículos de Pimeef no escondía ayer su enfado. «Todavía no está resuelto el tema del taxi pirata y ahora ya nos vienen con otra historia», aseguró Juan Cárdenas, en referencia al decreto que les hace responsables de que sus coches sean utilizados como taxis ilegales; una medida que el Consell prevé modificar con la nueva ley de transporte pero cuya solución aún no se ha concretado.
Cárdenas explicó que aún no tiene información acerca de la aplicación y coste del impuesto, pero anunció que ya está pensando la forma de trasladarlo a los clientes porque, en caso contrario, «lo único que van a conseguir es que cierren un montón de rent a car». El empresario señaló que con este impuesto no quiere que les ocurra lo mismo que con el IVA que, aunque se ha incrementado, «el precio del alquiler de coches sigue igual».
Por su parte, el vicepresidente de Baleval, Elías Escandell, también criticó la medida. «Te puedes imaginar la preocupación que tenemos por ser siempre la víctima fácil de este gobierno, después de que nos ha torturado todo un verano con el taxi pirata», se quejó el empresario.
Por otro lado, el diputado de PSOE-Pacte Joan Boned recordó que la oposición ha pedido muchas veces al Govern que «reconduzca» su política tributaria porque es «injusta y no respeta la progresividad». Recuerdan que en su día propusieron que pagaran más las grandes empresas que se aprovechaban del territorio o que se subiera un punto el IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros, pero que el Govern no les hizo caso y ahora aprueba impuestos que afectan a todos, como es la subida del canon de agua o sobre los envases. También lamentó que el impuesto de patrimonio solo afecte a los valores superiores a un millón y no a 700.000 euros. De hecho, consideró que si se aplicara una buena política tributaria no habría que aplicar recortes.
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