El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha advertido al Govern de que la ley que legaliza las urbanizaciones en suelo rústico es inconstitucional. Se trata de una de la disposiciones estrella de la llamada ‘ley Company', sobre la que el Govern y el Gobierno han iniciado un proceso negociador para evitar que el texto acabe recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno ya había advertido de que algunas de las disposiciones del decreto inicial eran contrarias a la ley e inició el proceso de negociación que marca la ley cuando se producen estas discrepancias.
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La sorpresa ha llegado con la ley ya aprobada por el Parlament: el Gobierno central ha ampliado la lista de artículos inconstitucionales sobre los que se tendrá que negociar, según explicó el director general d'Ordenació del Territori, Joan Mequida.
Además del artículo que deja en manos de los ayuntamientos la legalización de estas urbanizaciones, las nuevas advertencias de inconstitucionalidad afectan a otra disposición que permitía convertir en suelo urbanizable zonas de costa virgen que se encuentren entre enclaves urbanos.
El tercer artículo incorporado a la lista de posibles inconstitucionalidades afecta a la cesión que los constructores deben hacer a los ayuntamientos. El Govern permitía a los municipios pagar las obras de los contratistas con solares incluidos en el patrimonio público de suelo, siempre que destinen estos solares a VPO, pero el Gobierno dice que no puede hacerse.
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