Un integrante del servicio de ‘serenos’ que habían contratado los hoteleros de Sant Antoni. | ANA ISABEL GARRIDO SANCHEZ

Los hoteleros de Sant Antoni seguirán sin el servicio de ‘serenos' que habían contratado este verano para mantener el orden público en sus hoteles y en las calles aledañas. Ángel Palón, uno de los responsables de la empresa Optima Servicios 3.000, encargada de esta prestación, explicó ayer que «el problema es que la policía dice que realizamos funciones de seguridad privada en la calle cuando no es así».

«Estamos contratados como agentes cívicos, como ciudadanos ejemplares, y la labor que hemos estado haciendo es encomiable y así nos lo han estado diciendo. No realizamos ninguna función de seguridad privada porque además no estamos habilitados para ello, de momento. Somos una empresa de servicios», afirmó.

El empresario lamentó que este proyecto, que lleva preparando «dos años» y que se iba a extender con la contratación de más serenos en el propio pueblo de Sant Antoni y también en Vila, «se haya desvirtuado por el tema político».

«La función de mantenimiento del orden compete a las fuerzas de seguridad del Estado, de las cuales nos sentimos todos orgullosos, sobre todo yo que he pertenecido a ellas y que por desgracia estoy fuera por un accidente», insistió el empresario, quien detalló que la labor de un ‘agente cívico' es diferente, porque se ocupa de «ayudar al ciudadano, en este caso en los hoteles». «Y mucha gente de aquí del pueblo me ha comentado que [los serenos] han hecho un servicio impresionante y que la policía se ha dedicado a los que se tiene que dedicar, a las drogas y cosas así. Porque las tonterías de que hay ruido en un hotel, que desviaba efectivos policiales, las hemos solucionado nosotros», concluyó.

Era la primera vez que este tipo de servicio se implantaba en Balears. Su interrupción tuvo lugar la semana pasada a cargo de la Policía Nacional, que tomó declaración a los responsables de la empresa y les recomendó dejar de hacer esta labor porque la vigilancia privada en un espacio público es «ilegal», según indicó la Dirección Insular del Estado.

La alcaldesa, Pepita Gutiérrez, fue muy criticada por los partidos de la oposición, que la acusaron de apoyar una actividad irregular y los hoteleros mostraron su enfado porque estaban a favor de este servicio que habían contratado entre 43 establecimientos de Sant Antoni.