El Gobierno advierte de que artículos de la 'ley Company' son inconstitucionales

El Gobierno cree que estas compensaciones son ilegales ya que es imprescindible mantener la cesión de un 30 por ciento de terrenos para VPO en el municipio. Es decir, una zona puede quedar exenta, pero a cambio ese 30 por ciento debe trasladarse obligatoriamente a otra zona del municipio.

La segunda disposición que la Abogacía de Estado considera inconstitucional afecta a los estudios de impacto ambiental. La 'ley Company' señala que, si a los dos meses no hay respuesta de la Administración al estudio de impacto ambiental, se considerará que el expediente sale adelante. Sin embargo, la ley básica del Estado regula que no puede darse el silencio positivo, sino que la Administración tiene la obligación de pronunciarse a favor o en contra del impacto.

El director general de Ordenació del Territori, Joan Mesquida, explicó que estas discrepancias se conocieron antes de aprobarse la ley, pero matizó que ahora se abre un plazo de negociación de seis meses para intentar llegar a un acuerdo y que el asunto no acabe con un recurso de competencias en el Tribunal Constitucional.

Los representantes del PSIB y del PSM-IV-ExM denunciaron ayer que la supuesta seguridad jurídica que alegó el Govern ha quedado en evidencia después del «varapalo» de la Abogacía del Estado al texto recién aprobado por el Parlament, según el socialista Jaume Carbonero. «Han actuado con una irresponsabilidad gravísima porque está en vigor una ley que el Gobierno considera ilegal», dijo.

ENE junto con la coalición PSM-Iniciativa Verds-Entesa también afirmó ayer que las dudas manifestadas por el Gobierno sobre la constitucionalidad de la ley de medidas urgentes por un urbanismo «sostenible demuestran que esta normativa es una torpeza».