J. J. MonerriEivissa29/02/12 0:00
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Un empresario de Madrid tuvo que sentarse ayer en el banquillo junto con el encargado de una obra para responder de supuestos delitos contra el medioambiente a causa de unas obras acometidas en una finca de la zona conocida como sa Penya de s'Aguila, en la parroquia de Sant Miquel, adquirida con una licencia para edificar que se remontaba a 1973. Ambos acusados se enfrentan a una condena de 23 meses de prisión y una multa de 72.000 euros.
El propio Ayuntamiento de Sant Joan llevó el caso ante la Fiscalía al considerar que el promotor de una casa que se estaba construyendo en dicho paraje, que está calificado de espacio protegido, estaba incumpliendo reiteradamente la orden de paralización que se había dictaminado hasta que se aclarara la legalidad del proyecto que se acometía. Dichas obras incluyeron también trabajos en un talud, así como en caminos forestales. Según los acusados, las actuaciones en el talud eran necesarias para evitar un posible desprendimiento con riesgo para las personas.
El caso quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa después de que el ministerio público mantuviera contra ambos acusados cargos por supuestos delitos de desobediencia y ordenación territorial.

Permisos
Las defensas, por su parte, argumentaron que no se actuó nunca con dolo (a sabiendas) y que tanto el promotor como el encargado de obras creían estar contando con los permisos necesarios sin que les constara expresamente que el Consistorio había ordenado que se parara cualquier modificación de la estructura que ya existía.
El empresario acusado desembolsó 240.000 euros en el año 2004 por la compra de esta propiedad, finca que, al parecer, contaba con permisos que se remontan a 1973 y que resolvían autorizaciones urbanísticas para cinco chalets. Se presuponía que dichos permisos caducaban a los 18 meses pero nunca hubo ningún expediente expreso de caducidad al respecto, según reconoció en el juicio el secretario de Ayuntamiento de Sant Joan.
El Consistorio denunció que al descubrir las obras, y sin entrar a valorar si dicha actuación cumplía estrictamente con la legalidad, se dictaron varias órdenes de paralización entre 2004 y 2007, órdenes que, según los responsables municipales, se vulneraron aumentando cada vez más la construcción de una estructura que ya había sido levantada.