L. Aversa21/02/12 0:00
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El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí Carraca, se suma a la teoría del conseller de Territori, Mariano Juan, que apunta a que el nuevo decreto urbanístico del Govern no afecta a Benirràs y que es una zona cuya desprotección todavía está en estudio por parte de la máxima institución insular.
Sin embargo, Carraca ha pedido «a los asesores de la casa» la elaboración de «un esquema» para conocer cómo la nueva normativa afecta al conjunto de Sant Joan ya sea «Benirràs como otras zonas del municipio». «Desde luego, si los compañeros del Consell dicen que no afecta a Benirràs lo que no haré es ponerlo en duda. Si los que han llevado el tema dicen que este decreto no está pensado para Benirràs y no afecta, por supuesto, esto lo tengo claro», destacó, aunque insistió: «Le he pedido al secretario y al letrado que nos asesora en temas urbanísticos que nos pasen la información una vez hayan estudiado el decreto con detalle».
Cabe recordar que aún se desconoce cómo afectará el decreto en este sentido y que hay diferentes interpretaciones al respecto: Por un lado, el Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN) cree que la normativa no solo recupera las urbanizaciones de Benirràs sino también las de Roca Llisa y Punta Pedrera. Esto ya fue rechazado por el conseller Mariano Juan que consideró que lo que dicen los ecologistas «es una tontería» porque indicó que si se hubieran querido desproteger estos parajes se hubiera derogado el decreto 4/2008 que las protegió.
Por su parte, el director general de Territori, Joan Mesquida, indicó que la normativa «podría desproteger» estas zonas pero que no sería algo inmediato porque lo deberían hacer los ayuntamientos vía planeamiento o plan especial y, como muchos de estos temas están en los juzgados, podría salir una sentencia antes de que los ayuntamientos pudieran gestionarlo con lo cuál «sería inoperativo».

Quejas y denuncias de EU y Amics de la Terra

Amics de la Terra está preparando una queja ante la Unión Europea, denunciando los cambios en este decreto «porque suponen el incumplimiento de la legislación europea». Para los ecologistas «es un error muy grave anular las dos normativas que regulan la apertura de nuevos pozos y facilitar que los proyectos no necesiten un informe de impacto ambiental». «Las normativas suprimidas por el Govern balear son las que han ayudado a restaurar la salud de los acuíferos que habían sido sobre explotados durante décadas», destacan.
Por su parte, Esquerra Unida aseguró en un comunicado que «ses Variades tienen que ser el gran espacio público que necesita Sant Antoni» y destacó que estos «terrenos nunca han tenido condición de suelo urbano».
«Otra vez se encuentra sobre la mesa el futuro de la zona de ses Variades de Sant Antoni», se quejó la agrupación, que indicó que «para llevar adelante esta obsesión edificatoria, el PP ha hecho varias leyes y un PTI a medida, aunque fuera con el coste de tener un alcalde imputado», sentenció.