La Asociación de Hoteleros de Sant Antoni se reunió ayer con la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, y el concejal de Turisme, Vicent Ribas, para analizar el anteproyecto de la nueva Ley General Turística de Balears y tratar las preocupaciones que comparten empresarios y consistorio.
La primera de ellas es cómo se aplicarán los planes de modernización de los establecimientos turísticos dada las características que se dan en el municipio portmanyí, donde se concentran en el núcelo urbano muchos hoteles y donde el cambio de usos podría afectar negativamente.
Preocupación
«Sant Antoni es un destino maduro con una planta hotelera que se diferencia del resto de la Isla y de Balears porque hay entre 60 y 70 hoteles pequeños que no se pueden englobar dentro de un paquete de medidas pensadas para sitios donde hay grandes cadenas», explicó Vicent Ribas, quien añadió: «La preocupación que compartimos con los hoteleros es cómo se aplicarán estos planes de modernización porque según cómo se hagan la mayoría de estos establecimientos familiares desaparecerían repercutiendo negativamente en la economía del pueblo y corriendo el riesgo de convertirnos en un municipio residencial cuando hemos sido pioneros en el turismo de la Isla». Para Roberto Hortensius, presidente de la Asociación Hotelera de Sant Antoni, es importante que la reconversión garantice el mantenimiento de las plazas turísticas: «No queremos que el casco urbano se convierta en una especie de ‘ciudad dormitorio'».
Según afirmó el concejal de Turismo, el Ayuntamiento de Sant Antoni se plantea presentar una alegación pidiendo que las plazas turísticas dadas de baja en el municipio se reinviertan en el mismo lugar: «La nueva ley contempla que las plazas dadas de baja en un municipio se puedan comprar por cualquier otro hotelero de otras zonas de la Isla. Nosotros queremos que se reinviertan en el municipio porque así se mantendrían las plazas y el carácter turístico». Ribas señaló que también es importante que la recaudación que haga la administración por las bajas de plazas turísticas se destine «a la mejora de infraestructuras turísticas del propio municipio que ha generado estos movimientos», precisó.
Otro de los puntos importantes para hoteleros y consistorio es el plazo de dos años que la ley da a los establecimientos de dos o menos estrellas para modernizarse: «La normativa actual permite que esto se haga en un plazo máximo de seis años. Pensamos que es un agravio comparativo para los hoteles pequeños que tenemos nosotros, por eso solicitamos la supresión de la disposición adicional quinta de la ley». Ribas señaló, además, que tanto hoteleros como asociaciones empresariales y administraciones presentarán un único documento con las alegaciones ibicencas.
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