P. CandiaMallorca23/11/11 0:00
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La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional están investigando si el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, participó junto a su socio Diego Torres en el desvío de medio millón de euros a una sociedad con sede en Londres y propiedad del Instituto Nóos creada previamente desde un paraíso fiscal, Belice, y administrada por un testaferro panameño.
Según consta en la documentación incautada en el desarrollo de la ‘operación Babel' en Barcelona y Valencia, Torres encargó a un despacho de abogados barcelonés la creación de una sociedad matriz fiduciaria en Belice para que pusiera en marcha la empresa en la capital británica. El fiduciario es un ciudadano panameño utilizado en decenas de sociedades ‘opacas' y al que buscan para interrogarlo. Torres, imputado en la subpieza 25 del ‘caso Palma Arena', ya fue interrogado en Barcelona sobre esa cuestión y rehusó dar más detalles.

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Documentación
El análisis de la documentación incautada se prolongará, al menos, dos semanas más, pero las pesquisas iniciales ya permiten a los investigadores contar con indicios sólidos para ampliar la lista de imputados, sobre todo en Palma, y avanzar en las pruebas incriminatorias. En esta primera fase de la ‘operación Babel' se investigan los delitos de malversación de caudales, falsedades, prevaricación y fraude a la Administración. Se ha comprobado, por ejemplo, la mecánica defraudatoria seguida con el amaño de concursos públicos a través de la presentación de tres ofertas, todas ellas, provenientes de una misma sociedad, Nóos Consultoría Estratégica S.L., coparticipada por el yerno del Rey y Diego Torres.
También, en el más de un centenar de facturas libradas a la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada los investigadores han comprobado que el hermano de Iñaki Urdargarín, Miguel, cobró 2.612, 07 euros por colaborar en una de las ponencias expuestas en el congreso Illes Balears Fórum del 24 de noviembre de 2005.
Por otra parte, el conseller de Presidència, Antonio Gómez, aseguró ayer que «el Govern está personado en todas las causas judiciales abiertas» en las que se investiga el uso de fondos públicos y lo está «para defender los intereses de la comunidad autónoma».