El cabeza de lista de Esquerra Unida (EU) al Congreso de los Diputados, Alejandro Aparicio, ha asegurado hoy que la formación está estudiando poner en marcha «una campaña de boicot activo a la nueva tarjeta que nadie necesita, excepto el conseller de Hacienda», según ha informado el partido en un comunicado.
La formación, que fue la que denunció la intención del Govern de cobrar por renovar la tarjeta sanitaria, considera que la medida tiene un objetivo únicamente recaudatorio y es «una ocurrencia sin precedentes en el resto del Estado español».
En la práctica, el cobro por la tarjeta supone iniciar el camino del copago en el servicio público de salud, según asegura el partido de izquierdas, que planteará una «doble batalla política y jurídica» contra la medida.
Entre las lagunas jurídicas apreciadas por EU y que amparan su denuncia ante el Defensor del Pueblo y una eventual denuncia judicial figura que se trata de «una falsa tasa» por un servicio que beneficia más a la administración que a la ciudadanía, por lo que carece de fundamento jurídico.
Además, EU considera que la tarjeta resulta extraordinariamente cara (10 euros) incluso si se admitiera que presta algún tipo de servicio a la ciudadanía, y cuestiona la introducción de un chip con el historial médico del paciente porque puede estar en conflicto con la confidencialidad que debe presidir la gestión de este tipo de expedientes.
6 comentarios
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No me extraña que España se haya convertido en una especie de paraiso de la delincuencia, si la administración es la primera en dar ejemplo de como robar al ciudadano.
Pues si nos tiene que defender el "defensor del pueblo" mas vale que se asemeje un poco a Súperman porque sino, con la de recortes por todo que estos lladres harán, mal lo tenemos...
Si no se puede cobrar 10 euros es igual, subirán la gasolina 3 céntimos y ya está.
¿no ibamos a la administración sin papeles?, qien necesite esta targeta que la pague a mi me basta con la que tengo. los immigrantes tambien la tendran? o no se le atenderan sin ella.
Lo que faltaba. Obligar a tener una tarjeta para tener derecho a la prestación de un servicio que pagamos con nuestros impuestos y que esa obligación implique coste económico. ¿No sería mejor introducir los datos en un ordenador y que se identifique al paciente a través de su DNI?. Todos (administración y paciente) se ahorrarán la famosa tarjeta... ¿o es un negocio más?
Como el defensor del pueblo no es vinculante, esto me parece ser "ni chicha ni limonà", una manera de salir del paso. Cuando una entidad va segura de su razón, entonces denuncia por tribunales.