La presentación del proyecto de regulación de fondeos en el Parc Natural de ses Salines, concretamente en la zona comprendida entre Cavall d'en Borràs y el final de Illetes, fue muy bien acogido por el numeroso público que se congregó en el Casal d'Entitats de Formentera para conocer de primera mano el contenido del mismo.
La reunión que comenzó a las ocho de la tarde y finalizó pasada las once de la noche fue sumamente positiva según explicaron ayer Aurora Gómez, abogada de la comisión de derecho ambiental de la UICN, y Marta Carreras, científica e investigadora de Oceana que asistieron a la presentación.

Responsabilidad
Aurora Gómez señaló que la valoración del proyecto era muy positivo, «es un ejercicio de responsabilidad que está haciendo el Consell en el sentido de regular el fondeo sobre un bien patrimonio de la Humanidad, un espacio natural público protegido y justamente se está intentando regular ese espacio público compatibilizando la protección de la posidonia, la actividad económica de la Isla y sobre todo, el turismo de calidad».
Respecto a la limitación, según el proyecto a 172 los puntos de fondeos siempre sobre fondos arenosos, y que no permitirían embarcaciones de más de 40 metros de eslora, Gómez dijo que lo más importante es «ajustar los fondeos a la capacidad de carga de la zona». Además, por el hecho de que en determinadas puntas del verano la afluencia de embarcaciones sea muy superior a la que se permitirá en el futuro «se contempla la posibilidad u obligatoriedad de rotar los fondeos, las embarcaciones no podrán fondear durante 10 días o dos semanas, se arbitrará un sistema de control que permita la rotación de las embarcaciones en los momentos de mayor demanda porque en definitiva lo que se pretende es garantizar el uso público de dichos fondeos».

Sanciones
La abogada de UICN recordó que está totalmente prohibido el fondeo sobre posidonia por lo que la actuación prevista es «la regulación de fondeos sobre fondos arenosos», nunca en zonas de posidonia oceánica. Por otra parte Gómez señaló que la actuación emprendida por el Consell no tiene nada que ver con los fondeos ecológicos en Caló de s'Oli y la playa de s'Alga de s'Espalmador porque son competencia del Govern, y en materia de capacidad sancionadora a quienes infrinjan la ley, que es clara y estricta, Gómez señaló que «el Consell tendrá capacidad sancionadora porque de acuerdo con el Estatut d'Autonomia, todos los Consells Insulars comparten con el Govern balear la función ejecutiva de todas las competencias exclusivas de Balears, y como es competencia exclusiva de la Comunitat Autònoma tanto los espacios naturales como las actividades de pesca y navegación, el Consell tiene esa función ejecutiva, puede desarrollar reglamentariamente inspeccionar y sancionar en esas materias».

Inversión inicial de 800.000 euros y entrada en vigor el próximo verano
La entrada en funcionamiento de la regulación de los fondeos se quiere se produzca antes de la próxima temporada turística, pero Aurora Gómez de la UICN apuntó que «eso ya no depende del Consell sino de la tramitación burocrática ya que el proyecto deberá pasar por Costas, por Medi Ambient y otras instancias que pueden retardar la puesta en marcha del proyecto». Un proyecto que supondría una inversión inicial situada por encima de los 800.000 euros y que necesitaría de unas tareas de mantenimiento anual de alrededor del cuarto millón de euros. Sin embargo la gestión externa del servicio entre el uno de mayo y el 15 de octubre que es cuando funcionaría el control, devengaría suficientes ingresos para que el Consell percibiera un canon con el que recuperar la inversión, si el Govern no se implica en el asunto, y posteriormente pudiera reinvertir partidas en mejorar del sistema.

Dejación de funciones por parte del Govern balear
Gómez señaló que se había llegado a esta situación porque le Govern balear a través del órgano de gestión del Parc Natural, ha tenido una dejación de funciones: «Si hubiera sido diligente y hubiera actuado de principio con la responsabilidad debida, atendiendo a la ley del Parc Natural y al PRUG del mismo, que delimitan claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer, se podría haber sancionado desde hace tiempo». Gómez indicó que Formentera como Ayuntamiento no podía hacerlo pero que desde 2007, cuando se constituyó en Consell ya debería haber podido hacerlo. Sin embargo la abogada en cuestiones ambientales de la UICN lamentó que el Govern no haya actuado como debiera desde hace años y no haya sido capaz de emprender campañas de información y control para evitar llegar a los extremos de este verano en los que «se ha estado destrozando un bien que es Patrimonio de la Humanidad, que la propia UICN ha dicho es más importante que las barreras de coral de Australia porque su valor excepcional universal a nivel ambiental es mayor que los corales australianos y sin información la gente desconoce de qué se está hablando y de su importancia».