Los presidentes del Govern balear y del Consell de Formentera, José Ramón Bauzá y Jaume Ferrer, respectivamente, presidieron la reunión de ayer. | Guillermo Romaní
El presidente José Ramón Bauzá fue tajante ayer al asumir que el Govern balear debe 12 millones de euros a Formentera y que ese dinero se pagará, pero preguntado al respecto confesó que no hay una planificación de plazos de pago sino simplemente buena voluntad entre las instituciones.
Ese fue en gran medida el contenido de las reuniones que Bauzá mantuvo ayer en la pitiusa menor donde cumplió, muchos meses después de llegar al Govern, su primera visita oficial de la que dijo «ha sido una visita fructífera en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad de que exista un principio de lealtad institucional».
Tanto el presidente del Consell, Jaume Ferrer, como el propio Bauzá, señalaron que se había hablado de numerosos puntos que había sobre la mesa, pero por desgracia y salvo cuestiones muy puntuales, no hubo plazos, fechas ni nada en concreto en un primer encuentro entre los presidentes y posteriormente de Bauzá con miembros de su equipo y Ferrer y cuatro integrantes, curiosamente todos de GxF, del equipo de gobierno.
Al final de los encuentros, y con mucho retraso, comparecencia de ambos con los propios consellers expectantes y con caras circunspectas para ver que decían uno y otro.
Bauzá reconoció que el Govern debe a al Consell 5 millones de euros del ejercicio 2010 y que hasta la fecha la deuda por 2011 se eleva ya a 7 millones, por lo que la suma de ambas es de 12 millones, y parte de ese dinero debe ir a una de las prioridades indicadas por Jaume Ferrer que es poder acabar las obras de la remodelación de la Plaza Europa de es Pujols, como mínimo en su parte superior, por tratarse del principal núcleo turístico de la isla y por ello se precisa el aporte económico comprometido pero no abonado por el Govern.
Bauzá explicó que el retraso de la puesta en servicio de la red de abastecimiento de agua y de saneamiento a es Caló y el Pilar de la Mola estriba en «la diferencia entre los servicios jurídicos del Govern y del Consell que esperamos poder solventar lo más pronto posible». En esta diferencia de criterios consiste en que el Govern pretende que sea el Consell el que se haga cargo del mantenimiento de la red de suministro de agua y la del alcantarillado cuando según el Consell es competencia única del Govern.
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