El abogado y el hijo de Huerta, en primer plano. La nuera y el exarquitecto de Sant Josep, unos pasos más atrás. Ninguno de los cuatro quiso hacer declaraciones a la prensa «por respeto a la Justicia».

El abogado y el hijo de Huerta, en primer plano. La nuera y el exarquitecto de Sant Josep, unos pasos más atrás. Ninguno de los cuatro quiso hacer declaraciones a la prensa «por respeto a la Justicia». | Marco Torres

J. M. AlonsoEivissa27/10/11 0:00
TW0

La juez del Juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Carmen Martín, tomó ayer declaración en calidad de imputados a A.H., su hijo A.H.C. y su nuera, Pilar Fernández, por los presuntos delitos cometidos cuando el primero era el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep. Ninguna de las partes ni tampoco el fiscal del caso, Antoni Torres, informaron ayer sobre el contenido de las declaraciones, a pesar de que a estas alturas de la instrucción ya no existe secreto del sumario.
No obstante, finalmente se supo que ayer se abordó una de las piezas separadas del denominado ‘caso Huerta', en concreto la que deriva de la posible relación que el exarquitecto, su hijo y su nuera pudieran haber mantenido con el empresario Alberto Torres, propietario del hotel Aguas de Ibiza, que también fue detenido bajo los supuestos de haber cometido los delitos de cohecho y de tráfico de influencias.
Por su parte, A.H. fue detenido en 2008 por los delitos de malversación, prevaricación urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental. Ayer, A.H. negó haber alcanzado con Torres algún acuerdo o propuesta de colaboración para proyectos que el empresario ejecutara obras en el municipio de Sant Josep. Al parecer, sí admitió que tuvieron un proyecto juntos en Roca Llisa, en el municipio de Santa Eulària, pero insistió en negar haber recibido ningún tipo de encargo de Torres en Sant Josep.
El fiscal Torres también preguntó a A.H. por una comida que se celebró en Cala Molí después de realizar una inspección a una obra de esta zona. Acerca de esto el exarquitecto dijo que en esta comida no recibió ninguna sugerencia o propuesta por parte de Torres.
También en el marco de la urbanización de Cala Molí, el hijo de A.H. fue interrogado por su presunta relación con la constructora Medi Ibiza, que fue la sociedad que compró a Alberto Torres los terrenos de Cala Molí en los que se hizo la urbanización, una obra que, al parecer, llevó como arquitecto la nuera del principal imputado. H.C. negó cualquier implicación.

«Puramente falso»
El martes pasado la juez tomó declaración por el mismo asunto a quien fuera concejal de Urbanisme en Sant Josep cuando A.H. era el arquitecto municipal, Josep Marí Ribas ‘Reganes'. Tras el interrogatorio, el exconcejal explicó: «El motivo por el que he estado declarando es que estuvimos comprobando una urbanización en Cala Molí, en concreto el final de obra, y después el promotor nos invitó a comer y un señor dijo que allí se habían hecho negocios ajenos a la urbanización en cuestión y eso es puramente falso y así se lo dije a la juez».
Tras varios meses en prisión preventiva, el juzgado impuso a A.H. el embargo de sus cuentas bancarias y bienes inmuebles para cubrir 15,7 millones de euros, cantidad que se calcula que es la que obtuvo de forma ilícita.

Sin comentarios «por respeto»
Desde varios ámbitos explicaron que esto se debe que «las defensas de los imputados están muy quejosas con la información que sale en los medios de comunicación». Ayer podrían haber aclarado cualquier supuesto, pero ninguno de los tres imputados quiso hacer declaraciones a la prensa tras ser interrogados en el Juzgado de Instrucción número 1. El abogado de los A.H. y de P.F., al parecer llegado a la isla desde Madrid, dijo que no iban a hacer comentarios «por respeto a la justicia». A.H. fue detenido en 2008 en el aeropuerto de Eivissa, a su vuelta de un viaje a Argentina. Junto a él fueron arrestados su mujer Rosario Chamorro, su hijo y su nuera, que fueron dejados en libertad posteriormente. A.H. estuvo en prisión hasta marzo de 2009, cuando se le puso en libertad bajo fianza de 100.000 euros.