Vila intenta frenar un embargo por una deuda de un millón de euros con la constructora Brues

La alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui dio a conocer ayer esta situación «para que los ciudadanos sepan el equipo de gobierno de izquierdas que tenían». Según explicó, su sorpresa «fue mayúscula» cuando un despacho asesor de la constructora le comunicó «hace quince días» la orden de embargo, cuando «Brues era la que tenía que ocuparse de todos los gastos y de todos los costes, y hacía de promotora y constructora» en el proyecto Eivissa Centre. «Fue la que construyó el edificio Es Pla de Vila, que saben en qué condiciones está», criticó Jáuregui en referencia a que el inmueble «tiene unas deficiencias tremendas».

Fondos públicos

La alcaldesa aseguró que aún desconoce el motivo de la deuda, pero anunció que lo averiguará a través de una auditoría de gestión que llevará a cabo tanto en Imvisa como en Itusa «para saber cómo se han gastado el dinero, por qué existen estas deudas y por qué avala el Ayuntamiento las deudas de sociedades semipúblicas». «Cuando se administran mal los fondos públicos o cuando se malgastan, eso tiene nombres y apellidos; se llama malversación de fondos públicos», aseguró Jáuregui, quien destacó que cuando tenga la «información completa y rigurosa» remitirá los expedientes al fiscal «por si procediera algún tipo de acción».

Según detalló, la deuda inicial era de más cuatro millones de los cuáles el anterior equipo de gobierno pagó dos, emitiendo pagarés por la cantidad restante. Sin embargo, según Jáuregui, Brues interpuso y ganó un juicio ejecutivo debido a que Vila no cumplió con el vencimiento de esos pagarés.

La alcaldesa explicó que, finalmente, el anterior equipo de gobierno pidió una póliza por 1,5 millones para hacer frente a parte de la deuda y alcanzó «un acuerdo para parar el embargo y hacer pagarés por el resto, que eran 762.806,30 euros».

Intereses y costas

Esta última cantidad es la que ahora se reclama pero «actualmente con intereses y costas» alcanza los 991.648,19 euros. Además, según Jáuregui, el actual equipo de gobierno tuvo que renovar la póliza por 1,5 millones.

«La señora Costa lo tendrá que explicar porque todo esto que estamos refinanciando y pagando es dinero público. No puedo entender cómo fueron capaces de avalar al Ayuntamiento la deuda de una empresa participada por interés privado, que además como ustedes saben está en concurso de acreedores», se quejó Jáuregui, quien destacó que el objetivo es «hacer desaparecer» Itusa cuando se solucione la deuda.

Costa: «Que deje de lamentarse y gestione»

La portavoz de PSOE-Pacte, Lurdes Costa, explicó que la deuda surge de las obras que hizo Itusa para construir la escuela sa Graduada, un aparcamiento subterráneo y el edificio Es Pla de Vila. «Hace ahora un año, y dado que se tenían que pagar estas obras y no había liquidez suficiente, se acordó por parte de los socios de Itusa aplazar el pago de un millón de euros hasta octubre de 2011», detalló. Costa indicó también que para afrontar esta deuda «Itusa tenía que generar esta liquidez mediante la venta de las viviendas y aparcamientos y de la subasta de los solares de Isidor Macabich». «La parálisis en que se ha encontrado Itusa en los últimos cuatro meses ha provocado que hoy no se haya generado la liquidez necesaria para hacer frente al pago», destacó y reclamó a Jáuregui que «deje de lamentarse y gestione correctamente el patrimonio que tiene Itusa». Asimismo, afirmó que las acusaciones de malversación «no tienen ninguna base ni fundamento y obedecen una vez más a la confusión y el desconocimiento de Sánchez-Jáuregui».

La contrata del agua

Sánchez-Jáuregui: «Queremos el mejor servicio al menor coste posible»

La alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui salió ayer al paso de las declaraciones de la portavoz de PSOE-Pacte Lurdes Costa, que le advirtió que si interfiere en el concurso público del servicio de agua para la ciudad y revisa el informe técnico del procedimiento puede cometer una «ilegalidad o incluso prevaricar».

Jáuregui acusó a Costa de «manipular y mentir a los ciudadanos» y explicó que está continuando con la tramitación a la que solo falta el informe económico sobre las tres empresas que se presentaron al concurso. En este sentido, explicó que como presidenta de la mesa de contratación, decidió contratar a una empresa de Toledo para que elabore este informe, debido a que la administrativa que actualmente desempeña el cargo de interventora accidental «ha hecho un escrito diciendo que ella no se considera con la cualificación suficiente para emitir un informe de estas características». «Ayer [jueves] solicitamos que se adjudicara a este gabinete especializado en el tema del agua, da igual que sean de Toledo, de Barcelona o de Castellón. Ha hecho informes para todas las administraciones, absolutamente todas, y me da la garantía de que conoce el tema del agua», justificó Jáuregui que indicó que contratar asesoramiento está permitido en el pliego de condiciones del concurso y que lo hace «pensando en los ciudadanos porque queremos el mejor servicio y al menor coste posible». Asimismo, destacó que una vez tenga el informe económico pedirá colaboración al Consell para su revisión para que lo verifique ya que lo debe hacer «un interventor o un tesorero».

Por último, pidió a Costa que «si le importan tanto los ciudadanos que me deje trabajar para solucionar todos los problemas que ella y su equipo han dejado sin solucionar durante doce años».