G. RomaníEivissa30/09/11 0:00
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El conseller de Urbanismo y Territorio, Bartomeu Escandell, explicó ayer que la sentencia judicial de la que se dio cuenta en el transcurso del pleno, sentencias que no se leen porque los partidos políticos ya han tenido conocimiento de las mismas en la Comisiones Informativas previas y a veces son tan extensas que dilatarían innecesariamente la sesión, la que se refería a Ca ses Castellones «desestima el recurso de inconstitucionalidad que presentó el arquitecto Salvador Roig, el demandante, contra el Decreto del Govern balear que autorizaba al Plan Territorial Insular a redefinir los conjuntos históricos de Formentera en función de los valores patrimoniales de cada núcleo».
La sentencia la ha conocido el Consell a lo largo de este mismo mes de septiembre y para el equipo de gobierno es una satisfacción «estamos contentos porque demuestra que se hicieron las cosas como corresponde a la legalidad vigente», pero al mismo tiempo eso no obsta a que los plazos hacia la demolición están llegando al final.

Los pasos necesarios
Por lo que respecta a la posible demolición del centro comercial que se construyó sobre el solar de Ca ses Castellones, Escandell señaló que siguen en el expediente ordinario, «se encargó el proyecto de demolición, ha pasado por la CTA y ahora seguimos dando los pasos necesarios que marca la legalidad y todo indica que acabará en la demolición de las edificaciones». En este caso concreto al Consell ya sólo le queda proceder a la adjudicación de los trabajos de demolición mediante proceso administrativo «estamos cumpliendo con el mandamiento judicial que dice que hay que demoler dichas edificaciones».
Por lo que respecta a las posibles indemnizaciones que la demolición supondría no ha trascendido la valoración de las mismas ya que mientras los constructores pedían varios millones de euros, la indemnización, y siendo una obra inconclusa, siempre irá en función del valor declarado de la obra, valor en función de la que impone la tasa municipal por ese concepto que, parece ser estaría rondando un valor de ejecución cercano a los 600.000 euros por lo que no habría lugar a una indemnización millonaria.

El wi-fi
Por otra parte, en la votación para la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal de Wi-FI el PP y GUIF insistieron en que no se había actuado con transparencia y que lo más importante era ver si la ordenanza se adecua a la nueva normativa nacional del mercado de telecomunicaciones, si habrá una segunda fase de implantación y si el sistema llegará a quienes más lo necesitan, los habitantes en población diseminada y alejada de los núcleos urbanos. Las tasas fijadas serán de 10 euros mensuales a los formenterenses y de 15 euros semanales a los visitantes, IVA aparte, sin cuota de alta por el servicio. Y respecto a ese asunto se aprobó por unanimidad una moción impulsada por el PSOE en la que se pide un estudio técnico sobre las carencias de cobertura en materia de telecomunicaciones, wi-fi, Internet, TDT o telefonía móvil para detectar las carencias estructurales, las medidas que deberían adoptarse para paliarlas y el coste de las mismas.