Un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Francisco Javier Àlvarez García, sobre las implicaciones penales derivadas de la tramitación y ejecución de las obras de las carreteras de Eivissa concluye que hubo prevaricación administrativa, así como malversación de fondos. Este estudio, dado a conocer por el GEN, fue solicitado por la Conselleria balear d'Obres Públiques, presidida por Jaume Carbonero, y está fechado en marzo del presente año. Asimismo, analiza de forma detallada, tanto el desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni como del aeropuerto, llegando a señalar que el Govern «se lanza a una carrera desenfrenada por apresurar la realización de las infraestructuras». Entre las irregularidades se encuentran las siguientes:
Sin competencias. Se concluye que ninguno de los convenios firmados por el Govern balear con Fomento y con el Consell Insular «otorgaron realmente la competencia para la construcción de las infraestructuras a la Comunitat Autónoma y lo que ésta ha llevado a cabo ha sido una clara estrategia de fraude de ley para, aparentando competencia, ejecutar por sí misma la construcción de la infraestructura deseada». Esto provocó «un grave perjuicio económico producido por el mero capricho de los administradores públicos» al perder las partidas comprometidas por Fomento. Por ello, el informe apunta que los funcionarios «que dictaron las resoluciones que se integran en el expediente de contratación para el desdoblamiento de la carretera Eivissa- Sant Antoni cometieron un delito de prevaricación adminitrativa».
Tramitación. En la adjudicación, según apunta el informe, «ninguna de las ofertas cumplía el Pliego de Prescripciones Técnicas». Por ello, en el informe señala que si «escandalosa es la resolución [en el caso de la carretera de Sant Antoni] por no haber excluido a todas las ofertas del concurso, doblemente lo es por haber adjudicado el contrato precisamente a aquella que más, si cabe, lo incumplía».
Engaño. El dictamen establece que el Govern engañó al Ministerio cuando firmó unos plazos y unas formas que, en ningún caso, estaba dispuesto a respetar. «Hasta tal punto que, cuando la obra [en referencia al aeropuerto] fue parcialmente abierta al tráfico entre algunos puntos kilométricos, todavía no había llegado el momento, según el Convenio, para la licitación siquiera del contrato».
Beneficios. La adjudicación de las obras a empresas que no cumplían con las prescripciones supone, según el informe, tener otra lectura: «Un hecho tan grosero y caprichosamente injusto y arbitrario tiene que poseer otro significado (...): se ha enriquecido ilícita y dolosamente a unos terceros, tratando de encubrir todo ello con un procedimiento aparentemente ajustado a derecho». Por eso se denuncia la presunta comisión de malversación de caudales públicos.
Sin estudios. Mientras que en el proyecto de la autovía de Sant Antoni se emitió el informe de la Direción General de Recursos Hídricos, con posterioridad a la aprobación del proyecto de trazado, en la autovia del aeropuerto se prescinde del mismo documento en el Proyecto de Construcción Modificado, «decisión deliberada y caprichosa de omitir trámites esenciales en el procedimiento, lo que significa la realización del tipo de prevaricación dolosa». Además, también se obvió someter el Proyecto Modificado a Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y a Información Pública.
Costes. En el caso de las obras de la autovía del aeropuerto, el informe resalta «el altísimo coste señalado a los gastos de mantenimiento de la carretera, un coste que en la relación kilómetro/año es un 300% más alto que el habitual en ese tipo de infreaestructuras, lo que no está justificado por las caracterísitca de la obra efectuada».
Aforos. En cuanto a las estaciones que deberían haberse instalado para controlar los tramos en ambos casos, las empresas adjudicatarias redujeron de forma considerable el número previsto en las prescripciones. «La Administración concedente admitió esa disminución de aforos, con el absoluto descontrol de gasto que supone y el mayor desembolso para la Administración». De hecho, en el caso de la autovía de Sant Antoni sólo se instaló un contador cuando en el pliego se establecían al menos 13.
El documento está colgado en la siguiente dirección web:
http://gengob.org/docs/dictamen.pdf
5 comentarios
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Primero : que digan lo que ha costado ese informe . Segundo : que para denunciar cualquier delito en el Juzgado no hace faltan informes de catedráticos ni pepinillos en vinagre , así que menos gastarse nuestro dinero en cosas huecas y más al grano .Vamos a ver si ponen la denuncia o no , a mí me da que no . Y ahora ,en la oposición , ya no es como antes que había dinero para todo , viajes, caros informes de catedráticos, catering con jamón de bellota y ribera del duero , etc , etc. Habrá que volver al bocata de salchichón y al vino con gaseosa Riera .
A que viene esto,lo paga el Gen estos informes,tengo que agradecer que gracias a estas autovias,desde San Miguel en veinte minutos estamos en el aeropuerto,Miquel Ramon y Prats sobran ya!!
Gastar diners en auditories i informes per després amagar el resultat en un calaix... Patètic. Uns roben i els altres callen. I els ciutadans? Bé, gràcies. Indignant-nos ja en tenim prou.
Algú entén ara per qué el partit que governa ho fa amb els vots de 4 gats? Està ja clar per què la majoria de la gent de l'illa o vota amb el nas tapat o directament no vota? Tenim una clase política lamentable. Tota.
Y esto que importa ahora? EL PP ha arrasado en las últimas elecciones. La gente de Baleares quiere al PP y los rojos solo hacen que lamerse las heridas democráticas, claro.