Fiscalía pide para Marí Tur multas por 33.600 euros por presunta «prevaricación urbanística» en el caso Cretu

En su escrito de acusación, el fiscal pide multas para los imputados por un total de 84.100 euros, e inhabilitaciones especiales, así como una pena de tres años de prisión para el técnico municipal que emitió los informes y firmó el certificado de final de obra. También pide ocho meses de cárcel para Michel Cretu y el arquitecto de la mansión José Torres Torres, y solicita al juez que condene a los imputados a pagar indemnizaciones al Ayuntamiento de Sant Antoni y las costas el proceso.

En detalle, el fiscal acusa al exalcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, y a la entonces concejala de Urbanismo, Blanca Castiella Rodríguez, de un presunto delito de «prevaricación urbanística» porque siendo «plenos conocedores» de la ley y del régimen urbanístico que protege «de forma especial» el terreno, con el más alto nivel de protección, «hicieron absoluto caso omiso de dichos preceptos» y, «de común acuerdo, votaron a favor de la concesión licencia». Con este argumento, el fiscal pide multas por 33.600 euros para cada uno de ellos (16 meses de sanción con una cuota diaria de 70 euros), así como la inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años.

Penas de cárcel

Asimismo, Fiscalía también acusa al todavía técnico municipal Miguel Àngel Martí Miralles de un presunto delito «de falsedad cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones» y para él pide penas de tres años de prisión, multas por 21.000 euros (diez meses con multas diarias de 70 euros), así como la inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público durante tres años.

Según indica el fiscal, Martí Miralles emitió un informe y la certificación final de obra «en la que se decía que la edificación se ajustaba a las licencias concedidas, cuando en realidad no era así». En este sentido, recuerda que la licencia concedida era para una vivienda de 864, 31 m2 y dos piscinas de 267,89 m2, y que lo verdaderamente construido superaba en 1.864 m2 lo autorizado (un 68,32% más). Por ello, el fiscal destaca que Martí, cuando emitió los informes, «lo hizo pese a conocer que no se ajustaban a la realidad».

Por último, Fiscalía también pide para el promotor de la obra, Michel Cretu, y para el arquitecto de la misma, José Torres Torres, ocho meses de prisión y multas por 31.500 euros para cada uno (quince meses a 70 euros diarios) así como la inhabilitación por un año para cualquier profesión relacionada con el urbanismo.

La acusación para ambos es de un presunto delito «contra la ordenación del territorio» porque «de común acuerdo decidieron sobrepasar los límites de la licencia siendo ambos conscientes y sabedores de que el paraje sobre el que se ubicaba la vivienda eran terrenos altamente protegidos en atención a sus valores medioambientales y paisajísticos».

El fiscal explica que la causa tiene el atenuante de «dilación indebida» porque se incoó en 2003 y ha sufrido distintas paralizaciones y retrasos.

Por último, el escrito no hace referencia a otros dos imputados, los exconcejales José Ramon Serra Pilot y José Cardona Cardona, por lo que se entiende su desimputación.

Indemnizaciones por la licencia, el derribo de la mansión y el pago de las costas del proceso

En su escrito, el fiscal pide que se condene a Antoni Marí Tur y a Blanca Castiella Rodríguez a que cada uno indemnice al Ayuntamiento de Sant Antoni con una quinta parte de la totalidad de los costes del proceso, incluyendo los honorarios de la defensa del Ayuntamiento, los gastos generados por la concesión de la licencia y los causados por la demolición de la parte de las obras autorizadas por la licencia.

En lo referente a Michel Cretu y a José Torres Torres, pide que indemnicen a Consistorio en la totalidad de los gastos generados por la demolición de las obras que se hicieron sin licencia, es decir, el 68,32% del derribo de la vivienda. Por último, también reclama a Cretu y a Torres el pago de las costas del proceso.