Competencia investiga también a la naviera Mediterránea Pitiusa por posible pacto de precios

Según el comunicado hecho público ayer por la CNC, la investigación se ha iniciado por «prácticas prohibidas» en la Ley de Defensa de la Competencia. Mediterránea Pitiusa se une así a Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas, SA (Sercomisa), que también cubre esta línea y a la que se empezó a investigar recientemente. Previamente se habían iniciado acciones en este mismo expediente para averiguar si Baleària, Acciona-Trasmediterránea e Iscomar habían incurrido en prácticas ilegales. Estas tres empresas son objeto de pesquisas ya desde julio de 2010 tras una denuncia del Consell d'Eivissa, que apreció indicios de un posible pacto en el transporte de mercancías que estaría provocando aumentos de precios injustificados. La CNC incluso llegó a inspeccionar las sedes de las empresas Baleària y Trasmediterránea los días 11 y 12 de mayo del año pasado.

Según el comunicado, la dirección de investigación ha tenido conocimiendo de «determinada información» de la que podría deducirse que Mediterránea Pitiusa habría participado «en un acuerdo de fijación de precios y horarios en la línea marítima regular de pasajeros Eivissa-Formentera».

La CNC remarca también que se mantiene vigente el plazo máximo de 18 meses iniciado el pasado 7 de julio para la instrucción del expediente y para su resolución, sin que la incoación prejuzgue el resultado final.

Prats: «Afecta a nuestra competitividad turística»

El conseller de Mobilitat del Consell d'Eivissa, Albert Prats, valoró ayer positivamente que se amplíe la investigación a todas aquellas líneas «que puedan tener comportamientos ilícitos en cuanto a pactos entre diferentes operadores». Prats remarcó que este hecho «no sólo afecta a la estructura de costes de cualquier actividad económica de nuestra isla sino a nuestra competitividad turística».

Según la CNC, en caso de que se acreditase este hecho, se consideraría como una «infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa».