El fiscal pide 8,5 años de cárcel a Matas por las subvenciones a un periodista

P. CandiaPalma25/03/11 0:00

El ex president del Govern Jaume Matas se enfrenta a una pena de 8,5 años de cárcel por la supuesta comisión de cinco delitos -malversación, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración- en la pieza separada del caso Palma Arena que ha investigado en los últimos meses las subvenciones otorgadas al periodista Antonio Alemany.
Los demás acusados son el administrador de Nimbus Miguel Romero y los ex altos cargos de Presidència Dulce Linares, Joan Martorell y María Umbert.
Los fiscales anticorrupción solicitan en el escrito de acusación hecho público ayer, que Matas, Alemany y Martorell constituyan una fianza de 650.000 euros «a fin de garantizar la devolución de lo malversado, 483.186,97 euros», señala el escrito. Romero debe prestar fianza por valor de 263.000 euros, Linares 12.250 euros y Umbert 3.000 euros.
Inmediatamente después de que los fiscales presentaran el escrito de acusación, el juez del caso Palma Arena dictó un auto de apertura de juicio oral contra todos los acusados en esta pieza separada, con lo que abre el trámite para que las defensas presenten sus conclusiones provisionales. El procedimiento se elevará a la Audiencia de Palma, que será el órgano que enjuicie a Matas y al resto de imputados.

Fondos públicos
El escrito de Anticorrupción señala que la «relación privada» que mantuvieron Matas y Alemany «se pagó con fondos públicos», y enumera diversas facturas de trabajos de asesoría informativa, asistencia profesional en la elaboración de discursos (del ex president) y subvenciones, por valor de 449.734,00 euros, según los fiscales, al periódico digital de Alemany ABN.
También, el escrito señala que Alemany «presentó facturas simuladas» a través de su empresa Consultores de Información de Baleares.
Añade que los acusados se concertaron para malversar este dinero en favor de Alemany «con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas» y con documentos oficiales de contenido «absolutamente inveraz».