Sant Antoni revisará dos licencias de Amnesia por reformas e incremento de aforo

La primera es una licencia concedida en 1998 destinada «a la reforma y legalización de edificación de la sala de fiestas», y la segunda, data de 2002, y autorizó «la puesta en funcionamiento de la mejora de las vía de evacuación y el incremento de aforo de la discoteca».

Asimismo, los servicios jurídicos proponen al pleno «inadmitir» la revisión de otras tres licencias, solicitada por Space, y que fueron concedidas para obras de insonorización (1987), cerramiento y adecuación para la sala de fiesta sin atracciones (1989) y apertura y funcionamiento para la sala cubierta (1991).

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Ayuntamiento toda la información referente a las licencias, tras una denuncia interpuesta por Space contra el alcalde José Sala, por presunta prevaricación al no haber actuado ante la petición de revisión de los permisos, solicitada en tres ocasiones entre diciembre de 2009 y abril de 2010.

Según el informe jurídico, la parte demandante considera que las licencias, entre otras cuestiones, «son nulas de pleno derecho al incumplir» lo exigido por las leyes de Disciplina Urbanística y de Suelo Rústico, «puesto que se ubican en terrenos calificados como rústicos en el planeamiento municipal y que no cuentan con el informe previo y vinculante de la Comisión Insular de Urbanismo».

Una vez que la revisión de licencias sea aprobada por el pleno municipal, se deberá dar traslado a las partes y al Consell para que presenten alegaciones, así como solicitar un dictamen preceptivo al Consell Consultiu.

Los motivos para estudiar ambos permisos

Según el informe, la licencia de obras otorgada en 1998 suponía «una ampliación de la actividad de 1.856,06 m2 sobre 237 m2 que figuraban en el proyecto al que se le concedió licencia de apertura en 1977» y «podría no cumplir los parámetros urbanísticos de la normativa vigente». Asimismo, el permiso de funcionamiento otorgado en 2002 tras el incremento de aforo, «podría haberse otorgado con incumplimiento de parámetros urbanísticos (...) y sin la declaración de Interés General».