Europa PressPalma23/02/11 0:00
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La titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, ha acordado el fin de la instrucción del caso Scala, que investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB) durante la pasada legislatura del PP, y ha decretado que continúe el proceso penal contra el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados para que Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma puedan decidir contra quiénes dirigir acusación como paso previo a su enjuiciamiento.
Así lo ha decretado la jueza mediante el auto de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, después de que así lo solicitaran el Ministerio Público y la Abogacía de la Comunidad Autónoma al apreciar indicios delictivos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsedad documental, cohecho y fraude a la Administración, delitos que la magistrada recoge en su auto junto al de asociación ilícita.
En su extensa resolución, la jueza realiza un pormenorizado análisis de las supuestas irregularidades que habrían sido cometidas, a instancias de Cardona, a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Adjudicaciones 'a dedo'
Y es que, subraya el escrito, el análisis de las facturas pagadas por el CDEIB en los cuatro años de mandato pone de manifiesto que obedecen a adjudicaciones directas, 'a dedo', sin que se tramitase el expediente justificativo de contratación acorde a su cuantía, bien negociado sin publicidad o sin concurso, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Contratos de la Administración Pública. «Sólo en 133 casos se realizó expediente de contratación, siempre negociado con publicidad por razones de urgencia y para dar una apariencia de legalidad a las decisiones indiciariamente prevaricadoras del presidente, vicepresidente y gerente del CDEIB», señala el auto.
Al hilo de lo anterior, la jueza hace referencia a la «inyección constante» de fondos públicos que a lo largo de cuatro años, al resultar insuficiente el presupuesto anual del organismo público, tuvo lugar «por motivos espurios», y en este sentido apunta a Cardona como la persona que tomó las decisiones «en un rosario» de modificaciones presupuestarias, transferencias desde la Consejería de Industria u organismos dependientes como el Instituto de Innovación Empresarial (IDI). «No encontró obstáculo alguno en su camino», asevera en referencia al también ex presidente del CDEIB.

Sin justificación
«Nadie comprobó en qué se estaban gastando realmente las millonarias cantidades que accedían a las arcas del CDEIB», recalca contundente la jueza, aludiendo, entre los numerosos ejemplos expuestos, a cinco convenios de colaboración suscritos entre Cardona y el ex director general de Promoción Industrial y ex presidente del IDI, Kurt Viaene, y que supusieron una aportación de un millón de euros. «A nadie le importó que careciesen de memoria justificativa que documentara las actuaciones de promoción al amparo de cada convenio», recalca al respecto.

6.000 kilos de folletos del PP bajo el nombre 'Productos 5 Estrelllas'
Por otro lado, la jueza afirma que el ex conseller ordenó a Viaene y al coordinador de ferias del Consorcio, Antonio Munar, que organizasen con cargo a los fondos de esta empresa el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Eivissa y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se llevó a cabo a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

Papel «dominante» del ex conseller
La vía utilizada para desviar los caudales públicos, según la jueza, fue la adjudicación de contratos directamente «sin observancia alguna de las normas del procedimiento» a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel «dominante» de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.