G. V.Palma29/12/10 0:00
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Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional efectuaron durante la mañana de ayer un nuevo registro en la sede de la Autoritat Portuària de Balears dentro del marco de la 'operación Mar Blau', que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de concesiones en el puerto de Maó y Eivissa.
La de ayer fue la segunda ocasión, la primera fue el 15 de diciembre, que se realizan registros en la sede de la Autoritat Portuària en búsqueda de documentación.
La llamada 'operación Mar Blau' investiga una supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos de Balears, en concreto unas concesiones supuestamente irregulares a la empresa Trapsayates, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán -recientemente dimitido presidente de la patronal española CEOE-.
Además del registro en la Autoritat Portuària, durante la mañana de ayer también se realizaron intervenciones similares en la sede de la empresa Trapsa en el puerto de Maó y en el domicilio particular en Palma de un empleado de esta sociedad.
Fuentes policiales explicaron que los registros de ayer tenían por objeto recopilar documentación relativa al caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, el cual se centra en la convocatoria para la concesión de la explotación de amarres cuyo pliego de condiciones fue aprobado por unanimidad de la Autoritat Portuària en su sesión del 30 de septiembre de 2003, la cual pudo ser amañada, a tenor de una conversación grabada.
La llamada 'operación Mar Blau' se ha saldado, por el momento, sin detenciones, pero ha imputado al presidente de la Autoritat Portuària durante la pasada legislatura, Joan Verger, y al actual titular de este organismo, el socialista Francesc Triay.
El detonante del caso fue la grabación de una conversación en la que se da a entender el amaño de la concesión de los amarres en el puerto de Maó entre el presidente de la APB Joan Verger, y el director del organismo, Angel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca.