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El grupo municipal socialista en Santa Eulària emitió ayer un comunicado, firmado por su portavoz, José Luis Pardo, en el que acusa al Ayuntamiento de no respetar la legislación sobre contratos de las entidades públicas al haber realizado en 14 años pagos de más de tres millones a tres proveedores ligados a un mismo empresario sin que hubiera concurso público.
Tras afirmar que el PSOE de la Villa del Río «va a dejar trabajar a la Fiscalía para que estudie toda la información y ver qué medidas se deben adoptar», Pardo asegura que el análisis de la denuncia remitida al Ministerio Público, este periódico y entidades como la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Cuentas, ofrece «cosas realmente sorprendentes». «Esta empresa está trabajando para este ayuntamiento desde hace 14 años sin que su contratación fuese a través de un concurso premio, con lo que ya se está incumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».
Pardo reitera que los servicios «se asignan a dedo» en las juntas de gobierno, «con sólo concejales del PP» y se pagan las facturas «sin requerir contrato alguno», destacando que más de 626.500 euros de los más de 3 millones entregados corresponden a pagos «que van dirigidos nominalmente al propietario de las empresas».
Adaptación pagada
Desde las filas de la oposición se resalta también que «una de las cosas que más sorprende es que el gobierno ha sacado un programa para la modernización de los sistemas informáticos de los Ayuntamientos, llamado Sigem, programa que hace el Gobierno y el Ayuntamiento sólo tiene que adaptarlo y pasar las facturas al Consell». «Pues bien, el Ayuntamiento de Santa Eulària es el que presenta las facturas más altas, y con diferencia, de la Isla, por un montante total de 297.168 euros», añade Pardo.
«Creemos que estas cantidades son desorbitadas y que el Ayuntamiento está incumpliendo la ley de contratos al no sacarlo a concurso, despreciando los principios de publicidad y libre competencia», destaca el portavoz socialista, que concluye: «Debemos recordar que estas cantidades se pagan con dinero público y se deben fiscalizar de la mejor manera posible por el bien de los ciudadanos».

ExC: «Al margen de si son o no delictivas, son clientelismo político»

El concejal de ExC en Santa Eulària, Marià Torres, emitió ayer un comunicado en el que considera «totalmente inadmisibles este tipo de prácticas, que al margen de si son o no delictivas, lo que sí son es un claro ejemplo de clientelismo político».
«De confirmarse la denuncia, constituirían unos hechos muy graves de los que se deberían derivar, además de las posibles responsabilidades en el ámbito de la justicia, responsabilidades políticas ya que constituirían un caso de corrupción», afirma Torres, que añade que, si se confirma, «exigiremos la dimisión del alcalde».