Anticorrupción acusa a Cardona de ser el líder de la trama que se apropió de 3,7 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como 'caso Scala', de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la «actividad frenética» del Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un «saqueo y robo sistemático de las arcas públicas» y aprovechando la falta «total y absoluta» de controles administrativos y financieros. La presunta trama se habría enriquecido con 3,7 millones y ocasionó un sobrecoste para el CDEIB de 3,3 millones.
Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Eivissa que habría sido abonado con fondos del Consorcio.
En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de «líder o jefe director» de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, «idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron» actuaciones dirigidas a «apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos», bajo el «lema de más facturación, más comisión» y utilizando «todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido».
Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica «perfectamente organizada» que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB «a todas las ferias y eventos imaginables» así como contratar «cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público», una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa «se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo».
Apropiación desmedida
Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), «hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse». De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles «para planificar las estrategias y procedimientos de expolio», pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.
Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, aseguró no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas. Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona.